La denuncia anónima que llegó a la Contraloría Provincial no estaba muy lejos de la verdad. Mencionaba que una parte de la cerveza se vendía en el balneario de Santa Lucía y otra iba a parar a centros clandestinos para renvalsarla e introducirla a la venta en el mercado informal.
Es inexplicable que algunos de los termos nunca llegaran a Minas, pero más contraproducente resulta que el administrador de la unidad gastronómica La Terraza fuera algo así como el zar del negocio y que ninguno de los encargados de supervisar y controlar la recepción del producto y de los ingresos se dieran cuenta del irregular fenómeno.
La investigación, realizada por los auditores de la Contraloría, se concentró en un trimestre —octubre-noviembre-diciembre del 2014— y lo que apareció ratifica la falta de control, de exigencia, de fiscalización y el ambiente de desorganización imperantes en la Empresa de Comercio Minorista y en sus estructuras intermedias de dirección.
El faltante en efectivo llega a la cuantía de 723 359 pesos en “La Terraza”, centro conformado por un ranchón, una pista de baile, termos móviles y otros locales. La responsabilidad máxima es atribuida a la actuación fraudulenta y corrupta del administrador y de la contadora que “chequeaba” las operaciones económicas.
Imaginen que el plan para ese período era de 13 000 cajas de cerveza a granel; sin embargo, el jefe de la unidad básica y la subdirectora de gastronomía propiciaron la compra de 36 202 cajas por encima, acción que facilitó la ocurrencia del presunto hecho delictivo y de corrupción administrativa.
Llamó mucho la atención que ninguno de los responsabilizados con las funciones de supervisión se percataran de que los ingresos al Banco estaban por debajo y la posibilidad de que los involucrados asumieran la diferencia para lucro personal, en detrimento de la economía nacional y del bien público.
Fue verificada la existencia de un termo que era abastecido a nombre del administrador de “La Terraza”, sin que estuviera registrado en el control de los activos fijos tangibles de la empresa. Ese medio sirvió para extraer, mediante treinta facturas, 40 364 litros de cerveza, valorados, a precio de venta, en 161 456 pesos.
Se conoció de unidades gastronómicas que incumplían el plan de venta y el administrador de “La Terraza” les entregaba facturas de cerveza con el dinero en efectivo para que lograran alcanzar sus planes de ingreso en el período analizado. Los centros en cuestión fueron: Las Palmas, Bello Monte y Reparto Militar, que recibieron en su conjunto siete facturas por 29 928 pesos, una vez más una evidente falta de control y de fiscalización sobre esa persona.
El caso que se narra es bochornoso al afectarse el ciclo contable de las operaciones con las facturas, no preservar la documentación económica de “La Terraza” y realizar operaciones sin el respaldo documental para ajustar saldos de mercancías no aptas para el consumo humano en los establecimientos Las Unidas y Las Palmas.
Por mucho que se quisieron justificar las irregularidades durante la sesión resumen de la auditoría efectuada hace apenas 72 horas, como fue el caso de faltantes en la recepción de 210.8 kilogramos de cerdo en banda y de 104 de salchichas, lo cierto es que no se confeccionó el informe de reclamación correspondiente, mientras es inadmisible escuchar, a modo de justificación, el “desconocimiento” de esa norma.
La desactualización del plan de seguridad informática y la ausencia de procedimientos, configuraciones y medidas para minimizar los riesgos y vulnerabilidades a que está sometida la tecnología de la información formó parte de la cadena de irregularidades que, en su conjunto, afectan el cumplimiento de varios lineamientos económicos del Sexto Congreso del Partido y objetivos de la Primera Conferencia Nacional.
Lo más triste de todo es la falta de ética y de moral de los involucrados. Unos deberán someterse al cumplimiento de la responsabilidad administrativa y otros a un proceso penal que podría llevarlos a penas de privación de libertad, evitables si cada trabajador o funcionario se apegara a la Resolución 60 de la Contraloría General de la República por su carácter educativo y de prevención.
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