CAMAGÜEY.- Múltiples son las preocupaciones e incertidumbres de la población ante la situación provocada por la COVID-19. Por ello, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) analiza cada noche las llamadas telefónicas a los puestos de dirección, a los medios de prensa y las opiniones recibidas por diversas vías, a fin de solucionar cada queja o problemática.
Tal sistema ha permitido, por ejemplo, asegurar el acceso a los alimentos a núcleos familiares que no cuentan con libreta de abastecimiento por disímiles causas; trasladar entre municipios o provincias casos urgentes por salud u otras dificultades; mejorar la distribución de productos hacia comunidades alejadas, e identificar ancianos a los que aún no se les había visitado para conocer su situación o auxiliarlos en la satisfacción de necesidades básicas.
En este último caso, Ariel Santana Santiesteban, presidente del CDP, insistió en revisar nuevamente, con mayor detalle y, sobre todo, sistematicidad, la visita a todos los camagüeyanos que sobrepasan los 60 años. “Si seguimos recibiendo alertas e insatisfacciones acerca de la atención a ese grupo vulnerable, es porque aún no hemos llegado en realidad a su totalidad”, dijo el también Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia.
Según datos de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (DPTSS), 2 576 ancianos están a cargo de trabajadores sociales y de otros sectores, fundamentalmente de Cultura y Deportes, quienes les llevan a sus casas los alimentos, medicamentos y cualquier otro recurso necesario, para que no salgan a la calle. Sin embargo, a diario se conocen casos que permanecen desvalidos.
Varias quejas han estado referidas a la situación laboral y el tratamiento salarial. Al respecto, Yaniris Hernández Vento, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social, informó que 7 915 empleados se encuentran interruptos, de ellos 3 601 están reubicados en otros puestos, fundamentalmente de la Agricultura, y también en los centros dedicados al aislamiento de contactos de casos positivos o viajeros, en instituciones de Salud, en la mensajería de las farmacias y la atención a los ancianos vulnerables.
La reubicación es la primera opción en estos casos, y no el pago del 60 % del salario, explicó la directiva, pues ello beneficia no solo a los afectados por el cierre temporal de su actividad, sino a la vitalidad y la economía de la sociedad, al cubrir plazas siempre necesarias pero ahora vitales para enfrentar la pandemia. Tal responsabilidad corresponde a los administrativos de cada entidad, cuyos jefes de Recursos Humanos deben despachar sistemáticamente con las direcciones municipales de Trabajo la situación individual de sus empleados y la disponibilidad de vacantes.
Más de 3 800 personas laboran a distancia, 5 163 madres o tutores cuidan a sus pequeños, y 6 659 permanecen en casa por considerarse vulnerables debido a la edad o a enfermedades crónicas. Estas cifras evidencian el desvelo del Estado cubano por proteger a su ciudadanía, y visibilizan los montos que su presupuesto no escatima si de beneficio social se trata, pues todos estos casos tienen garantizados los tratamientos salariales establecidos.
Hasta ahora 15 familias reciben prestaciones monetarias por declararse insolventes ante la actual coyuntura. En su mayoría son trabajadores por cuenta propia que han debido cerrar sus negocios. A diario, la DPTSS evalúa las solicitudes para esa asistencia, a fin de que nadie quede desamparado.
Camagüey mantenía ingresados en sus hospitales, hasta el miércoles 13 de mayo, a 21 enfermos de COVID-19, incluidos 9 de la provincia de Ciego de Ávila; a 642 personas aisladas, entre contactos de casos positivos, personal de Salud cumpliendo cuarentena y viajeros llegados del extranjero o de otras provincias; y a 111 profesionales de la Salud en el enfrentamiento a esta pandemia en 17 naciones.
