Demostración inequívoca de los profundos cambios que se estaban realizando en el país a favor de los humildes, la Ley de Reforma Agraria cumplía un compromiso con el pueblo de Cuba contraído por la Revolución, pero, además, dejaba de ser un acto promisorio para convertirse en un hecho cierto sin precedentes en la historia de la nación.

La precaria situación de los campesinos cubanos llevada al extremo por la alienación de las tierras más fértiles en manos de grandes latifundistas, sobre todo extranjeros, la angustiosa amenaza del desalojo, unida a un atraso secular, habían sido realidades denunciadas por Fidel en 1953, cuando él y sus compañeros de armas fueron procesados en el juicio por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Después, en 1958, cuando se libraban los combates en la Sierra Maestra y era un hecho la Guerra de Liberación, estas duras condiciones rurales analizadas en el Congreso Campesino en Armas, que presidió Raúl Castro, y al que asistieron más de un centenar de delegados, empezaron a tener su punto de inflexión con la aprobación de la primera ley agraria revolucionaria.

Se dio la tierra en posesión gratuitamente a los pequeños propietarios, o a aquellos que la trabajaban como arrendatarios o colonos, con lo cual se favoreció a los sectores campesinos en los territorios liberados. La Revolución se fortaleció en aquellas zonas y patentizó su proyección popular y humana. El primer paso para solucionar un problema ancestral en Cuba, estaba dado.

Al producirse el triunfo del Ejército Rebelde e implementarse con la Ley de Reforma Agraria la medida más democrática y decisiva de las fuerzas revolucionarias en el poder, su posición se robusteció y el proyecto anunciado en el juicio del Moncada, en el célebre alegato que los cubanos conocieron a través del documento La Historia me absolverá, conquistó definitivamente la credibilidad y confianza del pueblo.

Los latifundios, tanto personales o empresariales, quedaron excluidos para siempre; se eliminaron onerosas prácticas de explotación, y el nuevo Estado cubano convirtió los llamados "feudos" de compañías foráneas, en novedosas asociaciones que organizaron sus producciones de manera colectiva en las llamadas cooperativas y granjas.

Para garantizar el cumplimiento de la Ley fue creado el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), organismo que facilitó la ejecución de la disposición gubernamental por la cual se reunían bajo su orientación, otras formas y estilos característicos de organismos agrícolas autónomos; además de dar curso a las expropiaciones de tierras, a su redistribución y al otorgamiento de créditos para hacerlas más rentables.

En una comparecencia que hiciera ante las cámaras de televisión la noche del seis de abril de 1960, el entonces capitán del Ejército Rebelde Antonio Núñez Jiménez, director ejecutivo del INRA, expuso y documentó el alcance de la Ley de Reforma Agraria firmada, con algunos hechos y cifras:

"...tenemos ya funcionando plenamente más de 700 cooperativas en nuestro país, de las cuales 10 son cooperativas pecuarias, 539 agrícolas, 199 agropecuarias, ocho cooperativas avícolas, siete cooperativas carboneras, una cooperativa maderera y 499 fincas pecuarias, más 11 fincas agrícolas. A eso hay que agregar la existencia de un número que pasa la docena de cooperativas henequeneras y la fundación de las mil cooperativas cañeras".

La Reforma Agraria conmocionó la sociedad cubana. A partir de su ejecución y a consecuencia de ella, se generaron nuevos trabajos y perfiles laborales, se fundaron pueblos, se hizo necesario elevar el nivel científico y técnico de la población, aumentó el poder adquisitivo de las familias, incluidas los de los estratos más deprimidos económicamente; y la mujer se desempeñó como fuerza productiva.

Sin embargo, aquellos sectores afectados por las medidas, particularmente los implicados con los intereses de las grandes compañías estadounidenses, demostraron su descontento con acciones encaminadas a desestabilizar la Revolución. El ataque directo no se hizo esperar y la isla fue invadida en abril de 1961 justamente por una de las zonas donde estas transformaciones se estaban llevando a cabo, por la Ciénaga de Zapata.

El pueblo en defensa de sus legítimos intereses, derrotó aquella invasión, y en octubre de 1963 hizo efectiva una segunda Ley de Reforma Agraria que de manera más radical completó el proceso de nacionalización, que dio paso a las transformaciones que concretaron el predominio de la agricultura estatal en Cuba.

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