CAMAGÜEY.- El pueblo puertorriqueño echó a Ricardo Roselló del cargo de gobernador tras doce días de multitudinarias manifestaciones que demandaban su renuncia por estar envuelto en la malversación de fondos federales para los servicios sociales de Puerto Rico y por burlarse de sus compatriotas mediante comentarios sexistas, raciales y clasistas que incluyeron a las víctimas de los huracanes María e Irma que asolaron el territorio nacional.

Fresco como una lechuga Roselló utilizó las redes sociales para confirmar su “partida” en un patético discurso en que ni por asomo aludió las causas reales de su renuncia y mucho menos al masivo repudio de la población que a voces pedía el despido de “Ricky”, el cual se hará efectivo a partir del 2 de agosto, y fue preciso al decir la hora: 5 PM.

Hay que decir, como mérito adicional de los borinqueños, que Roselló es el primer gobernador desde 1947 que se ve obligado a renunciar al cargo en el cual lo sucedería la ministra de Justicia, Wanda Vázquez, que declinó tal responsabilidad.

Por lo tanto el gobierno estaba hasta ahora acéfalo, porque ya el Secretario de Estado había cesado por imputaciones de corrupción a la que tampoco escapaba la nueva funcionaria que se pretendió ocupara el puesto dejado vacante por la renuncia de Roselló.

Según el grueso informe recibido por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico se estima que unos 15,5 millones de dólares han sido desviados del monto que debía haberse dedicado a beneficiar los renglones básicos de la población más afectada por el huracán María que azotó el país en el 2017.

El fenómeno atmosférico devastó el país y los muertos, según cifras de determinados centros de investigación, oscilan entre 2 975 y 4 000, la gran mayoría a causa de la falta de servicios asistenciales y la manera tardía en que fueron asignados los recursos por el Gobierno norteamericano, pues como se recordará después del desastre, el presidente Donald Trump en una visita de compromiso, lo que hizo fue repartir papel sanitario en gesto de total desprecio a la tragedia de los puertorriqueños.

Aún hoy, a casi dos años del desastre unas mil familias continúan albergadas y se calcula que unos 200 mil borinqueños han abandonado el país hacia los Estados Unidos después de haberlo perdido todo y no encontrar respuesta a sus necesidades por las autoridades del país.

Sin recursos para pagar la deuda de 70 mil millones de dólares que supuestamente tiene la nación, la Junta Fiscal instrumentada por el Gobierno para hacerle frente a la crisis económica actual solo encontró como vía para solucionarla descargarla sobre la población con una política extrema de austeridad con rebaja de pensiones, cierre de más de 300 escuelas en el interior del país y numerosos centros asistenciales.

Desde luego que la expulsión de Roselló no cambiará el estatus de Puerto Rico que ni es un Estado, ni es libre ni está asociado y lo que sí es real es su dependencia del vecino del norte que lo mantiene sujeto a sus leyes como cualquier territorio colonial de los que aún poseen las potencias imperiales en cualquier parte del mundo.

Afortunadamente, el Partido Independentista mantiene y acrecienta la lucha por alcanzar una patria libre y los puertorriqueños no han perdido su identidad nacional y caribeña y como lo ha reiterado en múltiples resoluciones, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas exhorta a los Estados Unidos a promover un proceso que permita que Puerto Rico, de manera soberana pueda tomar las decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluida la marginación, la insolvencia, la pobreza y los problemas de la educación que hoy padece.