CAMAGÜEY.- Nunca imaginó Marcia Chicoy Ramírez, jurista de 30 años de experiencia, que sería protagonista de uno de los momentos más trascendentales de Cuba. Ella es una de los dos camagüeyanos que forman parte de los 33 diputados con la difícil misión de conducir el proceso de Reforma Constitucional.

De arduo e intenso calificó el trabajo de la comisión. “Hemos discutido artículo por artículo, desde el preámbulo, la fundamentación hasta el último párrafo del Proyecto. Han existido contradicciones, discusiones sanas, discrepancias, en aras de buscar cómo presentar un documento que se parezca a Cuba. Personas con experiencia en labores legislativas coinciden en que este es uno de los proyectos de leyes más completo que se ha presentado a la Asamblea Nacional y la extensión del constitucionalismo a nivel de pueblo da más garantía”.

—¿Qué implica para Marcia ser parte de la comisión de 33 diputados que tiene a su cargo el proceso de Reforma Constitucional?

—Nunca imaginé estar en una comisión tan importante. El rango de constitucionalista del Camagüey legendario me imprime un reto, por la historia constitucional y la tradición que tenemos quienes habitamos en esta provincia, es cruzar la varilla más alta. Soy una persona humilde, mi papá pintor, mi mamá ama de casa, y que me hayan seleccionado, entre tantas personas con vastos conocimientos, es un desafío. He aportado a la redacción del texto mis conocimientos de 30 años dedicados al Derecho, es el suceso más trascendental por el que he pasado en toda mi vida.

¿Cómo ha sido el trabajo al interior de la comisión?

—Arduo, intenso, hemos discutido artículo por artículo, desde el preámbulo, la fundamentación hasta el último párrafo del Proyecto. Han existido contradicciones, discusiones sanas, discrepancias, en aras de buscar como presentar un proyecto que se parezca a Cuba. Personas con experiencia en estas labores legislativas coinciden en que este es uno de los proyectos de leyes más completo que se ha presentado a la Asamblea Nacional. Estamos seguros que se seguirá perfeccionando, la extensión del constitucionalismo a nivel de pueblo, que cada cubano pueda opinar sobre cada uno de los artículos, es una garantía. Todas las opiniones, incluso las dudas, se están procesando, se tendrán en cuenta y se analizarán por la comisión.

¿Se puede afirmar que será esta una Constitución más garantista y procesal que la vigente?

—En el texto se explican por sí solas la cantidad de garantías que se les están dando a los ciudadanos. Si la esencia de nuestro sistema es el pueblo, es el hombre, hay que darle rango constitucional, pero esto no solo transita porque esté escrito, tenemos que interiorizarlo. Hay un grupo de conceptos y términos que son necesarios porque así se tratan en el mundo, en la legislación internacional de la que somos parte. Hay tratados, diálogos, en los que Cuba está hablando en otro idioma, porque no es el que se usa en el mundo, nos estábamos quedando atrás.

El Proyecto también reconoce como garantías el derecho al Hábeas Corpus y a la reinserción social de los sancionados…

—Hoy le estamos dando una mayor funcionalidad y no es solo novedoso, sino importante; lo hemos concebido como una garantía más que como fuente de derecho, hasta ahora no hay entendimiento a la hora de resolverlo, pero la Constitución salvará esas diferencias y a la hora de instrumentarlo será una prioridad que tenga un efecto práctico. También estamos trabajando en una ley de cumplimiento de penas, porque muchas de esas garantías que ahora se reconocen hay que calzarlas con leyes.

Una de las cuestiones más novedosas que tiene el proyecto, es el Artículo 94 de los derechos jurisdiccionales. ¿Implicará esto un reto para el sistema jurídico cubano?

—Este artículo resume todas las garantías que reconocerá la Ley de Leyes. Es un paso de avance, aunque hoy no sabemos como se implementará, viene a ser el colofón de todo lo que recoge la Constitución. Hoy se está tergiversando su contenido y alcance, no es cualquier reclamación la que llevará este rango, sino aquellas acciones que vulneren alguna de las garantías recogidas en el texto. El derecho a reclamación está en la vigente, pero obviamente no con ese rango. Para evitar esas confusiones a lo mejor haya que pensar en perfeccionar aún más la redacción del 94. También debemos meditar en cómo vamos a implementarlo, quizá sea creando salas de justicia que se encarguen de aquellas cuestiones constitucionales, pero eso está aún en estudio.

¿Han pensado en una alternativa para el artículo 68, teniendo en cuenta que ha sido muy polémica la definición de matrimonio?

—La comisión no se ha reunido después de que el Proyecto se puso a consideración de la población. Hasta ahora el 68 se mantiene en el texto, muy polémico, muy debatido, pero en las reuniones a las que he asistido los argumentos sobre los que se basan las personas para proponer su modificación no son sólidos, ni lógicos. Es una cuestión de idiosincrasia, de machismo, pero ninguna razón lógica que imposibilite su presencia en el texto, es una garantía más. Simplemente se está legitimando algo que ya existe y que se lleve o no a la Constitución, no va a cambiar nada. Son temas que está debatiendo el mundo y nosotros no estamos exentos de ese debate. Es darle garantía de derechos a un grupo de personas que no son la generalidad, pero forman parte de la sociedad. Si estamos hablando de derechos progresivos, no podemos esperar 30 o 40 años para aprobarlo, no sabemos cuánto durará, pero estamos tratando, por la propia estabilidad jurídica del país, que sea un texto duradero.

¿Qué significación práctica tiene que en el Artículo 1 se declare que Cuba es un Estado socialista de derecho?

—Es un concepto que no podemos divorciar de lo que estamos defendiendo en este Proyecto, he asistido a consultas donde se ha cuestionado qué significa ser un estado de derecho, nosotros somos genuinos y autóctonos y vamos a seguir siéndolo. Tenemos que centrarnos en un Estado socialista de derecho sustentado por un grupo de garantías con rango constitucional, en el respeto a las leyes, en el acceso de los ciudadanos a la justicia y olvidarnos de esa concepción burguesa de Estado de derecho.

Otro de los temas debatidos en la consulta es la estructura del Estado. ¿No existe una contradicción entre un gobernador designado y el resto del sistema del poder popular?

—Yo no veo contradicción. Lo que sucede es que no se ha comprendido en su totalidad la función del gobernador, estamos acostumbrados a ver un presidente de asamblea provincial que dirige el territorio, pero esta asamblea desaparece. Hoy estamos hablando de un gobernador, que no tiene nada que ver con los de tiempos pasados, y va a fungir como un enlace entre el país y los municipios. En la práctica, como criterio de la verdad, habría que ver cómo va a funcionar. Tenemos la experiencia de Artemisa y Mayabeque, que si bien no es este sistema, tiene mucho en común.

“Hoy le estamos dando valor al municipio, es allí donde se desenvuelve verdaderamente la vida de la provincia, las asambleas municipales están conformadas por los delegados de base que son los que mantienen un vínculo constante con el pueblo. La idea es que los municipios no tengan que depender de que la provincia les asigne recursos para arreglar un determinado camino o reparar una industria. Eso implica el reto de que en cada municipio esté quien verdaderamente tenga las condiciones para hacerlo bien”.

¿Tendrá Cuba la capacidad legislativa para modificar 54 leyes en tan corto período ? ¿Estarán estas a la altura del espíritu de la Constitución?

—Estamos obligados a que lo estén. Ya se creó una comisión encargada de la implementación de la Constitución, unos dicen que es muy largo el período para modificar las leyes complementarias, otros que es muy corto. Ya se está trabajando en muchas y varias tienen la política aprobada. No podemos darnos el lujo de refrendar una ley hoy, y mañana modificarla o ponerle un parche. Atenta contra nuestra estabilidad jurídica.

¿Qué pudiera decirle Marcia al pueblo que aún debate el proyecto de constitución?

—A mi pueblo le pido confianza, que confíen en nuestros líderes, todo lo que estamos haciendo es pensando en mejorar el proyecto de país que aspiramos, habrá cuestiones que se seguirán discutiendo en la calle, pero tengan la seguridad de que todo lo que estamos haciendo es para favorecer al pueblo y para perpetuar un sistema autóctono y genuino como el nuestro.