CAMAGÜEY.- Confieso que, cuando menos, esperaba un pronunciamiento equilibrado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michel Bachelet durante su escrutadora visita a Venezuela por invitación del presidente constitucional del país, Nicolás Maduro.

Desafortunadamente no ha sido así, y la parcialidad del informe rendido por la Bachelet en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra fue evidentemente decepcionante, porque solo se limitó a repetir los mismos infundíos que el imperialismo y sus secuaces de la oposición interna han tratado de sembrar como matriz de opinión en la esfera internacional de que aquí no existe un estado de derecho.

De lo que opinaron o dijeron los movimientos sociales, de lo que vieron y constataron los componentes del organismo internacional y que no pudieron en manera alguna ignorar ante la realidad de un Gobierno que dedica más del 70 % de su presupuesto nacional a favorecer el nivel de vida de los venezolanos, en el informe no aparece nada, o sencillamente esas evidencias fueron manipuladas.

Fue notorio que en la relatoría del organismo internacional las opiniones que prevalecieron fueron las vertidas por los enemigos de la Revolución Bolivariana que residen en el exterior, en las cuales se exacerbaron las privaciones que padece la población y que son consecuencia en gran medida de la política de sanciones, hostilidad y robo de recursos monetarios que les impone el Gobierno de Donald Trump y los que se suman a sus designios intervencionistas y golpistas.

Acusar a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela de violencia represiva contra los nacionales, a la vez que se ignoran las asonadas “guarimberas” de la oposición que causaron decenas de muertes durante el 2017, además de ser una soberana falacia denuncia la escandalosa parcialidad del informe acerca de los derechos humanos que rindió la Alta Comisionada ante el organismo de la ONU en Ginebra y que, indudablemente, lacera la credibilidad de la funcionaria y de la institución que representa.

Resulta insultante que se hayan desconocido los extraordinarios esfuerzos que realiza el Gobierno Constitucional de Nicolás Maduro en todos los sectores sociales y económicos en medio de la más brutal embestida del imperialismo que ha ocasionado pérdidas al país por más de 130 000 millones de dólares a partir del 2014, cuyo resultado fue que en el 2018 los venezolanos dejaran de recibir más de 6 millones de toneladas de alimentos, que bancos de Estados Unidos y Europa hayan impedido operaciones financieras por más de 30 millones, mientras en otras instituciones de ese tipo se retuvieran o congelado otros millones de dólares.

Es contradictorio que mientras la Organización de Naciones Unidas ha calificado las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra Venezuela como un delito de lesa humanidad y de “una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos de la población de ese país, ahora se aparezca la Bachelet culpando al Gobierno de Maduro de esas violaciones y emprendiéndola contra las Fuerza Armadas que, en realidad, son la garantía del respeto precisamente a esos derechos y que los garantiza con la preservación de la institucionalidad y la observancia de las leyes vigentes".

Víctima del fascismo del dictador Augusto Pinochet en su nativo Chile por haberlo sufrido en carne propia tras el asesinato de su progenitor, es lamentable que su percepción de los derechos humanos se distorsione al punto de coincidir con los que lo protagonizan masivamente contra los pueblos de nuestra región y otras partes del mundo.