CAMAGÜEY.- Tengo la impresión, por lo que oigo y veo, que el enfrentamiento al ruido excesivo que prevalece en nuestra moderna sociedad está liderado en solitario por los medios de difusión masiva del país.

Digo esto, porque a pesar de estar demostrado científicamente que miles de personas están expuestas cada día a la pérdida de audición y otros trastornos de salud, como deficiente irrigación cerebral, estrés y modificaciones del ritmo cardíaco por estar sometidos a continuos ruidos excesivos, lejos de disminuir estos, lo que sucede es que nuevos emisores se suman a los ya conocidos, con total impunidad.

Se dice que en Cuba más de dos millones de personas pueden sufrir pérdida de audición y otros trastornos ya mencionados si reciben ruidos superiores a los 65 decibeles, límite máximo al que puede someterse a un ser humano sin perjuicio para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reflexionaba acerca del papel de los medios de difusión en su labor preventiva, educativa y de denuncia de los transgresores de las normativas existentes para proteger a la población de los perjuicios del ruido, porque lamentablemente da la impresión de que están “arando en el mar”, como se dice popularmente, porque la vida sigue igual.

Después del aire, el agua y los desechos sólidos, el ruido se considera el cuarto agente contaminante más nocivo para la salud del hombre, tanto en el medio urbano como industrial, de allí que haya decenas de decretos de los ministerios reguladores del fenómeno, como son el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente(CITMA), Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y del Interior que sancionan las violaciones y contravenciones de los agentes contaminantes.

El Decreto-Ley 141-1988 regula las contravenciones de orden interior y precisa en su artículo 1ro. que “contraviene el orden público quien perturbe la tranquilidad de los vecinos, especialmente en horas de la noche, mediante el uso abusivo de aparatos electrónicos, o con ruidos molestos e innecesarios, realice fiestas en su domicilio después de la una de la madrugada sin permiso de las autoridades competentes.

También infringe el Código de Vialidad y Tránsito quienes usen equipos de audio a un volumen que moleste y a la vez impida la debida concentración en la conducción del vehículo o utilicen el claxon dentro de las zonas pobladas.

Este mismo Código de Vialidad prohíbe la circulación de los vehículos motores que no estén dotados de los dispositivos correspondientes que silencien las explosiones del sistema de combustión de los mismos, pero basta escuchar las decenas o cientos de motores de distintos cilíndrajes que recorren las ciudades y poblados, atormentando a vecinos y transeúntes para conocer que dicha prohibición se viola constantemente.

Según lo establecido, los responsables de la contaminación acústica en cualesquiera de sus variantes pueden ser objeto de multas, llamadas de atención, actas de advertencia y en los casos que así lo amerite se podrá proceder a la confiscación del aparato emisor del ruido excesivo por los organismos competentes.

No obstante tales y otras disposiciones, la población sigue sufriendo los efectos nocivos de la contaminación acústica, los agentes emisores proliferan en cada barrio, en cada cuadra, en la industria o el taller cercano, desde el bicitaxi que revienta el espacio con la bocina de su reproductora en las calles de la ciudad o el poblado o la música estridente de un vecino inconsciente que te crispa los nervios, te despierta o no te deja conciliar el sueño, hasta el centro nocturno que multiplica de tres a cuatro veces los decibeles permisibles y todo ello sin que pase nada o casi nada, porque a veces falta la denuncia y otras la acción consecuente de los organismo responsables de poner coto a los desmanes de los transgresores que atentan contra la salud de la ciudadanía.

Desde luego que ni la radio, ni la televisión ni la prensa escrita van a cejar, pienso yo, en la labor profiláctica que vienen desarrollando, repito, casi en solitario, por considerarlo, seguramente, un deber irrenunciable en defensa de la población, de su salud física y mental y porque constituye también su contribución al orden y a la convivencia humana de la sociedad que estamos construyendo “con todos y para el bien de todos”.