CAMAGÜEY.- Alguien dijo que los tres grandes, Brasil, Argentina y México deciden el panorama económico y político de Latinoamérica y el Caribe, y aunque no sea exactamente así, es incuestionable que el peso de estas tres naciones en el escenario de la región puede inclinar a uno u otro lado la balanza del desarrollo de tales acontecimientos.

Si los aztecas hace unos meses rompieron la trilogía neoliberal que primaba del Río Grande para acá y si ahora lo lograron los argentinos, es evidente que en la correlación de fuerzas entre la derecha y la izquierda se ha producido un cambio a favor de los regímenes representativos de los intereses de las grandes masas populares.

En los procesos electorales de estos días en Bolivia, la nación gaucha y Uruguay, tanto los partidos Movimiento al Socialismo (MAS), como Todos Podemos y el Frente Amplio salieron airosos en sus confrontaciones, aunque el candidato de la centroizquierda uruguaya no obtuvo los porcentajes requeridos constitucionalmente para ser declarado como nuevo mandatario del país, por lo que deberá ir a segunda vuelta en este mes de noviembre.

En Bolivia, aunque Evo Morales fue declarado ganador de manera oficial, la derecha se niega a reconocer estos resultados y ha desatado una ola de violencia frente a la cual el Mandatario electo ha convocado a una auditoria, que ya está en marcha, con la participación de organizaciones internacionales para contar voto por voto y se pueda dar fe de su triunfo sin sombra alguna de fraude.

También en Colombia hubo elecciones regionales para alcaldes, gobernadores y otros funcionarios de menor relevancia, y la nota distintiva de estos comicios fue la derrota del uribismo y los partidos tradicionales, lo que muchos consideran una consecuencia del rechazo de los colombianos al mandato de Iván Duque, quien no solo ha torpedeado el proceso de paz acordado, sino con su política ha sumido al país en el desempleo, la pobreza y la violencia que ha cobrado cientos de vidas de los líderes sociales y comunitarios, y de exguerrilleros.

Aunque no puede decirse que el neoliberalismo debió batirse en retirada en Ecuador, Chile, y en alguna medida en Honduras y Panamá, lo cierto es que las masas patentizaron en cada uno de ellos su rechazo a las políticas económicas y sociales que profundizan la desigualdad entre la población, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y patentizan su disposición a dar la batalla por transformar este estado de cosas.

Si en Ecuador Lenín Moreno se vio obligado a suspender el decreto del alza de los combustibles, que fue el detonante de las masivas protestas de las organizaciones obreras, sociales e indígenas y establecer una mesa de negociación de la cual se retiraron después los demandantes por no obtener avance alguno de sus propuestas, lo que indica que el conflicto está latiente.

En Chile se ha generado una verdadera rebelión en contra del modelo neoliberal de Sebastián Piñera, que ocasiona ya más de 23 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos a pesar de que el mandatario retiró el decreto que aplicaba un alza en el precio del transporte en el metro, renovó su gabinete, y ofreció pálidas reformas en salario, pensiones y otros requerimientos sociales, aunque mantiene el estado de excepción porque las manifestaciones siguen pidiendo su renuncia y una nueva Constitución.

La situación en la nación austral es tan tensa, que Piñera se vio compulsado a suspender el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que debía celebrarse a finales del mes de noviembre aquí, al igual que la Cumbre de Medio Ambiente, a efectuarse en el mes de diciembre, que también queda sin efecto, eventos que al anunciar su cancelación dijo “dramáticamente” que lo hacia por los intereses del pueblo chileno.

Los especialistas ponderan como un gran triunfo el alcanzado por el binomio Alberto y Cristina Fernández, como presidente y vicepresidenta, que como se reconoce constituye un viraje en la correlación de fuerza en la región entre el neoliberalismo y la democracia, después del gobierno de Mauricio Macri, quien entregó el país al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sumió a los argentinos en una crítica situación económica y social.

Sin embargo, son muchos los que consideran que la herencia que le deja el “cambio” que prometió Macri no puede ser más comprometida con una nación endeudada por 56 000 millones de dólares con el FMI que necesariamente deberán abonar, con una economía que cayó el 1,7 %, una deuda pública que subió 29 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo aumentó en un 10,1, la pobreza creció a más del 32 % y la inflación se disparó al 53,9 %.

El desafío que enfrentan los Fernández no podrá resolverse de la noche a la mañana, porque recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación y disminuir la deuda pública, y cumplir sus obligaciones financieras internacionales no podrá hacerse mediante decretos presidenciales; sin embargo, para andar ese camino le sirven las experiencias de los gobiernos de los Kirchner, que enfrentaron situaciones similares y lograron salir airosos, porque es de esperar que ahora la historia se repita.