CAMAGÜEY.- Con exclamaciones de júbilo de “el pueblo unido jamás será vencido” y “sí se pudo, sí se puede”, los quiteños estremecieron las calles de la capital ecuatoriana apenas se conoció en horas de la noche de este domingo 13 de octubre que el Gobierno se vio obligado a suspender el decreto 883 que motivó la repulsa popular y las grandes manifestaciones de las congregaciones indígenas y otros sectores sociales y estudiantiles de Ecuador

El presidente Lenín Moreno había colmado la copa de la paciencia de los ecuatorianos que hasta ahora habían soportado el desmontaje de la Revolución Ciudadana que le dejó su antecesor mandatario Rafael Correa con importantes logros económicos, sociales y, sobre todo, con una digna posición antiimperialista y antineoliberal.

El error de Moreno fue olvidar el fin que les deparó la capacidad de lucha de los ecuatorianos para deponer mandatarios que rebasaron los límites de sus medidas antipopulares que lesionaban los intereses de la población y, en particular, de las congregaciones indígenas y campesinas, y ello le costó que miles de manifestantes hayan estado reclamando su renuncia.

La senda neoliberal que emprendió apenas tomó el poder inevitablemente lo condujo a los brazos de los organismos financieros internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional (FMI), el que le impuso como condición fuertes medidas de austeridad para prestarle unos cuatro mil millones de dólares con vistas a equilibrar la balanza fiscal del país y que lo condujeron a volcar sobre los hombros de los ecuatorianos un “paquetazo” que mantuvo a Ecuador y, sobre todo, a Quito, su capital, bajo una violenta confrontación entre las autoridades policiales y las masivas protestas de la población.

Transcurridas casi dos semanas de la imposición del “paquetazo” que tuvo como detonador el retiro del subsidio del gobierno a los combustibles diésel y gasolina extra y que inmediatamente motivó una huelga de los transportistas obligados a un alza en el precio del transporte público y, además, condujo al incremento del costo de los alimentos de la canasta familiar, las organizaciones indígenas  accedieron a una primera reunión con Lenín Moreno, quien finalmente suspendió el impugnado decreto 883 ante la firme posición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CANAIE) que insistió en su derogación o se suspendía el diálogo.

Es preciso apuntar que en cumplimiento de las recetas del FMI, con anterioridad se había producido el despido de más de 23 000 trabajadores públicos a los cuales se les restringió de un mes a 15 días el derecho a las vacaciones anuales y se les obligó a donar un día de haber al mes, al tiempo que se les redujo el salario en un 20 % a los trabajadores contratados, todo ello, según Moreno, para contribuir al financiamiento fiscal de las necesidades presupuestarias de la nación.

La respuesta al “paquetazo” de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y los campesinos en más de 20 provincias fue convocar una marcha hacia la capital para pedir la derogación del decreto presidencial, movimiento al que se sumaron organizaciones sociales y estudiantiles que mantuvieron al país en estado de violenta confrontación entre los manifestantes y las fuerzas policiales.

No obstante la suspensión de la aplicación del decreto y la continuación del diálogo quedan pendientes importantes planteamientos de los indígenas, como la destitución de los ministros de seguridad y defensa, la puesta en libertad de los detenidos e iniciar por parte del Gobierno el camino hacia la creación de un estado multinacional de justicia social.

El saldo inicial de la violenta represión policial oscila entre la cifra de seis y nueve muertos, cientos de heridos, detenidos y desaparecidos, así como cuantiosos daños en instalaciones ocupadas y la economía nacional, como consecuencia del uso de gases lacrimógenos y disparos de perdigones por los más de 79 000 policías que fueron movilizados en todo el país y la paralización de muchas actividades productivas.

Frente a esta situación provocada por las medidas neoliberales que ha querido implantar bajo las recetas del FMI, Moreno, en el transcurso de la reunión,  no encontró otra excusa para justificar la violenta represión de las protestas, que volcar la responsabilidad de los actos vandálicos sobre supuestos correístas y agentes provocadores desde Venezuela.

Instaurada la mesa de diálogo se abre un compás de espera que, según los especialistas, no se le augura mayores satisfacciones de las demandas de los manifestantes, en atención a la posición del Gobierno que busca con ello solo ganar tiempo para ver cómo avanza en la aplicación de las recetas que el FMI le ha impuesto, y cuya austeridad trata de descargar sobre el pueblo ecuatoriano que ya demostró que no se quedará con los brazos cruzados.