CAMAGÜEY.- A Rosa le preocupaba la suciedad del río Hatibonico, de esta ciudad; Alberto William llevaba mucho tiempo conviviendo con el salidero en su calle. Cuando remitieron sus cartas a Catauro —sección del periódico Adelante— desde diferentes puntos de la geografía citadina, incluso cuando comenzaba a hacerse inminente la desesperanza ante la escasez de respuestas y soluciones, no pedían más de lo que sus derechos como ciudadanos cubanos les garantizan.

El responsable de ambas situaciones, Acueducto y Alcantarillado, envió dos medias respuestas, o más bien, explicaciones incompletas, que no lograrían convencer ni a la más ilusa de las personas. En el primer caso emitió una afirmación casi evidente para quien antes leyó la misiva de Rosa: “los dragados se hacen cada tres o cuatro años (el último fue en 2015), y el resto del tiempo se hace manual (…) en la zona referida no pueden entrar con equipos pesados por haber viviendas”. A Alberto William, luego de solucionado el asunto, simplemente le fue concedido el “privilegio” de la razón respecto al molesto “vecino” que no entendía de derroches.

Y luego de contada la historia podría parecer que nuestra Constitución —la de este país, del cual se ha propuesto un nuevo proyecto— no establece normativas relacionadas con la obligación de los organismos a responder las quejas o solicitudes dirigidas por la población a las autoridades, pero sí. Para ello existe en el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, que ahora los ciudadanos de este país debatimos, el artículo 64, el cual establece la obligación de los directivos a atender las peticiones del pueblo.

Como derecho individual de los cubanos figura la garantía de que los organismos competentes tramiten en el plazo adecuado las respuestas oportunas y pertinentes, pero, ¿sucede siempre así? ¿Qué ocurre cuando las contestaciones son similares a las recibidas por Rosa y Alberto William? Lamentablemente, no son pocas las situaciones de este tipo, a Catauro llegan cada semana más “malas noticias” y menos buenas de las que deseamos.

Tras una rápida revisión de los cierres que de esta popular sección del semanario camagüeyano se realizan cada año, encontramos ejemplos claves de la irresponsabilidad de determinadas instituciones con el rol que la sociedad les ha destinado.

En 2017, la dirección de Comercio se ubicó simultáneamente entre los organismos que más críticas recibieron y los que menor cantidad de respuestas emitieron; su método de trabajo para estos casos parece apuntar a una relación de proporcionalidad cada vez más inversa, si nos permitimos extrapolar el tema a la Matemática.

Y teniendo en cuenta un orden cronológico descendente, encontramos las cifras de 2016, que tampoco mostraron el adecuado balance. Durante ese año, las misivas de la población publicadas en Catauro fueron 252, las respuestas, poco más de 100.

Solo la quinta parte de las cartas recibidas desde los municipios camagüeyanos tuvo las respuestas necesarias en 2015, y el año anterior a ese las cifras mostraron lo mismo del 2016: casi 300 cartas publicadas y solo 157 respondidas, aunque se especifica en el análisis presentado a los lectores que 72 no precisaban la “devolución” del mensaje.

De acuerdo con esos datos, y aunque la ciencia nos enseña a no emitir conclusiones apresuradas y a no generalizar a partir de una pequeña muestra, los resultados no son precisamente los más alentadores; habría que analizar también qué sucede en Cartas a la dirección (periódico Granma), Acuse de recibo (periódico Juventud Rebelde) y otras tantas columnas de este tipo que en los medios impresos cubanos apuestan por la construcción de una agenda mediática cada vez más cercana a la agenda pública.

Si bien las instituciones no debieran “sentarse” a esperar la publicación en la prensa de los asuntos que les atañen y no han resuelto, importante resulta que nuestros lectores, oyentes, televidentes, e internautas, tengan en los medios de comunicación una vía para canalizar sus preocupaciones; pero en ese empeño la consulta de los trabajos periodísticos referidos a las entidades que lideran debe ser para los directivos una tarea permanente.

Por lo pronto, se impone la imprescindible exigencia por el cumplimiento de nuestras leyes, para que no pierdan su verdadero poder jurídico. Hasta noviembre, Cuba precisa también del debate y la participación popular que puede propiciarse solo a partir del conocimiento, de la información que acumulemos de nuestros derechos como ciudadanos cubanos, de la certeza de nuestro derecho a la queja y a la respuesta necesaria, no como una deferencia de las autoridades, sino como el cumplimiento de su deber.