LA HABANA.- El Consejo de Estado cubano recién aprobó cuatro decretos leyes que amplían y actualizan el marco jurídico de la economía del país, al contribuir a trazar lineamientos para el fortalecimiento institucional y la adaptación normativa a las transformaciones socioeconómicas en curso. 

La primera de estas disposiciones, el decreto ley «Modificativo de los decretos leyes 88 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas”, 89 “De las cooperativas no agropecuarias” y 90 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, tiene como objetivo eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y diversidad del sistema empresarial del país; en correspondencia con las transformaciones relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos en materia de aprobación, clasificación, organización, funcionamiento y autonomía.

La medida busca diversificar el sistema productivo y ampliar la autonomía de gestión de los actores económicos. En la práctica, la nueva modificación apunta a seguir ajustando reglas que habían entrado en vigor con la intención de modernizar el ecosistema empresarial cubano. 

Otro de los decretos aprobados crea el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para Vehículos de Transporte Terrestre de Motor. 

La norma establece que todo titular de un vehículo de motor que circule por vías públicas y férreas del territorio nacional deberá suscribir un contrato de seguro, ya sea persona natural o jurídica, cubana o extranjera. 

El argumento es unificar los regímenes de responsabilidad civil derivados del uso de vehículos de motor y adaptarlos a las transformaciones económicas y sociales.

El texto unifica los regímenes de riesgo creado y responde a estándares internacionales de protección vial. El precedente más cercano en esta materia fue el Decreto-Ley 11/2020, dirigido entonces a conductores profesionales, lo que muestra ahora una evolución hacia una cobertura más amplia. 

La sesión del Consejo de Estado también aprobó un decreto ley sobre licitaciones, concebido como un método general de selección de contrapartes para contratar bienes, servicios, obras y otros usos de recursos estatales. 

La norma abarca a actores  estatales y no estatales dentro del marco de la economía socialista cubana. Con ello, el gobierno busca dar mayor orden y transparencia a procesos de contratación que hoy son clave para la gestión de espacios, capacidades productivas y otras formas de empleo de recursos del Estado.

En términos prácticos, la licitación pasa a ser presentada como una herramienta esencial del perfeccionamiento del modelo económico. 

El cuarto decreto ley modifica el 22, relativo al Arancel de Aduanas de la República de Cuba para importaciones sin carácter comercial. La actualización autoriza la importación de mercancías por personas naturales, en condición de pasajeros o mediante envíos, por la vía no comercial, sin que eso se considere actividad de comercio exterior. 

Este ajuste se alinea con la política de ordenar flujos de importación y responder a necesidades de abastecimiento en un contexto de tensiones económicas internas. En la propia formulación se señala que el objetivo es compatibilizar control aduanero, recaudación y flexibilidad para las personas naturales. 

En general, la aprobación simultánea de normas con cambios en mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajo por cuenta propia, así como, seguros obligatorios, licitaciones y aranceles aduaneros, refleja una estrategia más amplia: regular mejor el mercado interno, elevar el control institucional y adaptar reglas tradicionales a una economía con mayor diversidad de formas de gestión.