CAMAGÜEY.- Con el compromiso de cumplir y velar por la aplicación de la legalidad socialista durante un nuevo ciclo, se inició el año judicial 2021, desde la sala de audiencia del Tribunal Provincial, con la presencia de jefes de departamentos y representantes de las organizaciones políticas de la institución.

La presidenta de ese órgano, Grethe María Aguilera Fonseca, se refirió a la necesidad de ser conscientes, en la actualidad, de la cultura de la calidad en el sistema jurídico y como constituye una premisa para lograr la misión de garantizar la confianza de los ciudadanos en su actuación.

Habló también la especialista de cómo la labor sostenida del personal asociado a las leyes ha sido igual de decisiva en el enfrentamiento a la Covid-19. “Redoblamos el esfuerzo en el trabajo, implementamos medidas para evitar el contagio en nuestras sedes y limitamos las posibilidades de aglomeraciones y desplazamiento, todo ello sin desatender las dudas y preocupaciones de las personas”.

El pasado año los tribunales de justicia en Camagüey “debieron tramitar un total de 5074 asuntos y de esa cantidad fueron procesados y concluyeron 4935, para un 86,5 %. Tal cifra significa que debemos incrementar voluntades para el primer trimestre del año, resolver los pendientes”. Luego conminó a profundizar y atender con mayor exigencia las inquietudes de los ciudadanos.

Abundó sobre los avances en la comunicación institucional como la creación de una página web, y la apertura en las redes sociales de Twitter y Facebook para favorecer una vía de intercambio con la población y explorar otros mecanismos para ofrecer sus servicios. “Hay que destacar los resultados en las relaciones laborales con la carrera de Derecho, de la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte Loynaz y el técnico medio de la especialidad, los docentes, jueces y estudiantes que propician el intercambio de saberes.

Como propósito fundamental del los tribunales en Cuba se encuentra el salvaguardar el orden económico, social, político establecido en la Constitución, la protección de la propiedad ciudadana y el prevenir las infracciones de la ley y las conductas antisociales.