No son pocos los que piensan que acaba de abrírsele un nuevo frente al presidente Donald Trump si nos atenemos a las demandas hechas en su contra por los fiscales federales de Washington y Maryland, por violar las cláusulas anticorrupción de la Constitución norteamericana.

Según los fiscales, Trump aceptó millones de dólares de gobiernos extranjeros en pago a sus empresas al conservar su propiedad, incumpliendo la promesa de hacer dejación de ello para evitar los conflictos de intereses que se producirían con su condición de presidente de los Estados Unidos.

No obstante haber transferido el conglomerado empresarial a sus hijos varones, los fiscales alegan que Trump comete dicha violación al recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de sus empresas.

De ser aceptada por un juez Federal la demanda de los fiscales de los citados estados, Donald se vería obligado a presentar su situación financiera ante una Corte, algo a lo que se ha negado en reiteradas ocasiones.

Todo esto ocurre cuando en el Congreso aún continúan las audiencias acerca de la confrontación del Mandatario con el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, quien no obstante haber dicho que no le correspondía determinar si en las conversaciones con Trump este intentara obstruir la justicia, si aseguró que fueron “inquietantes”.

Ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey habría dicho que no estaba facultado para determinar si el Presidente hizo un esfuerzo por influenciar las pesquisas sobre los lazos de la campaña electoral republicana con Rusia, aunque reconoció que el Jefe de Estado le había pedido que le prometiera lealtad y abandonara la pesquisa sobre su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien se había visto obligado a renunciar por sus denunciadas relaciones con funcionarios del Kremlin.

Según sus palabras, uno de los asuntos que más le preocupó es que durante la entrevista, el Presidente mandó salir a todos los funcionarios de la oficina, antes de realizar el pedido sobre Flynn, ya que este podría posteriormente mentir acerca de la naturaleza de la reunión y de lo que allí ocurrió.

Las audiencias prosiguen en el Senado y según todos los reportes el fiscal especial, Mueller adelanta las investigaciones para determinar si en realidad hubo una interacción rusa en las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos que favorecieran el triunfo republicano.

Otro tema que se le presenta complejo a Trump es el de la prometida revisión de las medidas tomadas por el expresidente Barack Obama en relación con Cuba a partir del reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su cercanía a los criterios de los legisladores de origen cubano Marco Rubio y Díaz-Balart han hecho pensar que la revisión de dichas medidas constituirían una vuelta atrás a las posiciones anteriores a diciembre del 2014 y que los vínculos en que se ha logrado avanzar hacia la normalización de las relaciones entre ambos países quedarán rotos.

Sin embargo, aun en lo impredecible que resulte la decisión que tome el Mandatario en su anunciada visita a Miami, estado de la Florida, para esta semana, le será muy difícil ignorar la opinión de la mayoría del pueblo estadounidense, incluida la de afiliados de su propio partido republicano, que son favorables a mantener el estado actual e incrementarlo en la relaciones de todo tipo con la Isla caribeña.

La nueva encuesta de la compañía Morning Consult publicada en estos días por la coalición Engage Cuba, así lo demuestra al reflejar que el 65 % de los electores norteamericanos apoyan las políticas aprobadas por el expresidente Obama para Cuba, y entre ellos seis de cada diez son republicanos.

Flexibilizar las restricciones de los viajes de norteamericanos a la Isla, liberar el comercio entre ambas naciones y levantar el bloqueo que ya dura más de cincuenta años, son otras de las decisiones que reciben más del 60 % del apoyo favorable de los encuestados, incluida la inmigración cubana, mientras en el Congreso se debaten proyectos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes dirigidos a levantar la prohibición de los viajes turísticos a La Habana y la normalización del comercio entre los dos países.

En estas condiciones se abre un compás de espera ante lo que pueda acontecer, que nunca será a costa de ceder en ninguno de nuestros principios políticos e ideológicos.