Durante mucho tiempo me he sentido responsable por las ocasiones en las cuales, en aras de no malograr una salida familiar, opté por dejarme timar sin protestar siquiera.

No dudo que esa misma sensación la han experimentado muchas personas decididas a aguantar, estoicamente, abusos ante la falta de respuesta a irregularidades en la prestación de un servicio o en la venta de algún producto, y lo que es peor, ante la inacción de administraciones y funcionarios para poner coto a violaciones tan evidentes.

Durante mucho tiempo se ha interiorizado la ilógica máxima de que los propios consumidores deben defender sus derechos y enfrentar las barbaridades que a diario observamos, sin contar con los mecanismos ni las condiciones objetivas para hacerlo.

De tal suerte imaginé a un padre de familia vestirse de caballero andante, salir con su peto, casco, espada y lanza a cualquier establecimiento, dispuesto a impedir el atraco de que hoy son objeto muchas personas.

Imaginé cómo reaccionaría ante un grupo de revendedores quienes, con la anuencia tácita de quien despacha, compran grandes cantidades de un artículo y después al resto de las personas les limitan increíblemente las ventas.
Lograr ser atendido por un administrador, gerente, o como quieran llamar al responsable del sitio, es bien difícil y mucho menos obtener de ellos una respuesta creíble.

Sabemos que una ley de protección al consumidor es necesaria, la sociedad la pide a gritos, pero discrepo que esa sea la razón para la inercia tal y como afirman algunos funcionarios.

Cuba no tiene una Ley del Consumidor, pero las normativas existentes, dispersas por varios cuerpos legales, serían suficientes si los encargados de aplicarlas tuvieran la voluntad de hacerlo.

¿Acaso el país no cuenta con un Código Civil con artículos que refrendan cómo actuar ante determinadas condiciones para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores?

¿Desconocen administraciones y gerencias que el Capítulo X artículo 230, del Código Penal vigente, tipifica como delito la especulación y el acaparamiento, y prevé sanciones privativas de libertad para quienes adquieran mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlas?
¿Desconocen que ese mismo artículo se pronuncia igualmente contra quienes retengan o transporten mercancías o productos, en cantidades injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales?

¿Ignoran la existencia del artículo 227 (modificado), del citado Código, que castiga también con privación de libertad o multa a quien cobre mercancías o servicios por encima del precio o tarifa aprobados, oculte mercancías o ponga a la venta artículos incompletos en su composición o peso?

Con estas normas legales en las manos: ¿por qué se permite que vendedores estatales y revendedores violen la ley de manera tan burda? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de aplicar lo dispuesto?

¿Cuántos violadores han sido sancionados en los últimos tiempos a tenor de estas regulaciones?

Es obvio que la existencia de una legislación para la protección al consumidor es necesaria, más bien imprescindible, pero la situación de desprotección actual solo es posible por el irrespeto a la legalidad vigente.

No podemos pretender que una legislación transforme por sí sola el estado actual de desamparo, junto con la misma debe cambiar la mentalidad de los encargados de ejecutarla, de hacerla cumplir.