CAMAGÜEY.- A un año del golpe de Estado parlamentario contra la mandataria constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, el panorama para el presidente de facto Michel Temer no puede ser más sombrío como consecuencia de la crisis económica, política y social que sufre el país, y la corrupción generalizada en los medios gubernamentales y legislativos en la que está incluido, la cual amenaza con derribarlo del poder.

La Caja de Pandora destapada últimamente por un periodista de la cadena O’Globo presenta a Temer en una grabación recibiendo en los sótanos de su residencia particular al magnate de productos cárnicos Joesley Batista, signado por numerosos escándalos de corrupción, con quien pactó la compra del silencio de Eduardo Cunha, exdiputado presidente de la Cámara Baja, en la actualidad preso en la operación Lava Jato.

Como consecuencia de ello, la Fiscalía General solicitó a la Corte Suprema la apertura de una investigación contra el Mandatario por los delitos de obstrucción de la justicia, corrupción y asociación delictiva, lo que ha bastado para desatar una estampida de sus ministros, el más reciente dimitido el de Cultura, y el distanciamiento de los partidos que forman la coalición que lo apoyó en su asalto al Palacio de Planalto.

No menos adverso le resulta la detención en las últimas horas de dos de sus principales asesores, el exgobernador de Brasilia, Tadeu Filleppelli, por estar involucrado en el escándalo de desvíos de fondos públicos, delito por el cual también fueron puestos a disposición de la justicia los exgobernadores Agnelo Queiroz y José Gilberto Arruda, y otras siete personas, todos presuntos involucrados en la sobrefacturación de las obras del Estadio Nacional Mané Garrincha, cuyo presupuesto de 185 millones de dólares terminó con un gasto de más de 490.

El otro asesor de Temer defenestrado fue el diputado federal Rodrigo Rocha Loures, quien estuvo en esas funciones hasta el pasado mes de marzo, quien fue apartado de su cargo por orden judicial, al delatarlo Joesley Batista y ser filmado por la Policía Federal cuando recibía una maleta con medio millón de reales brasileños, por su mediación entre el empresario cárnico con Petrobras, tarea para la cual fue designado por el Mandatario.

Ante la negativa de Temer a dejar el poder a pesar de las presiones que le llegan de todos lados, incluido su propio Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la voz de su presidente, Fernando Enrique Cardoso, quien ha declarado “tiene la obligación moral de facilitar la solución, aunque sea con renuncias”, y haber recibido alrededor de ocho pedidos de aplicación de impeachment (juicio político), los Frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, apoyados por las centrales sindicales y la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil han convocado y realizado masivas movilizaciones para exigir la dimisión del Mandatario de facto y la realización de elecciones generales que incluyen los 537 diputados, senadores, en su gran mayoría involucrados en casos de corrupción, así como gobernadores y otros cargos públicos, pensando, digo yo, en una limpieza general de sus estructuras gubernamentales y legislativas, que tanto necesita el gigante sudamericano en la coyuntura actual.

En su encarnizada lucha por mantenerse en la presidencia, Temer acudió al ejército brasileño para tratar de sofocar a los manifestantes en Brasilia, decisión que casi inmediatamente tuvo que darle marcha atrás por inconstitucional y ser considerada exagerada y fuera de lugar, aunque en definitiva los protestantes fueron reprimidos violentamente por la policía, con alta cifra de lesionados y detenidos.

Los especialistas hacen notar que en los próximos días pudiera haber un desenlace de la crítica situación que ha paralizado las reformas neoliberales impulsadas por el Presidente de facto y amenazan con hundir más la recuperación de la mayor economía latinoamericana, cuyo indicadores financieros están a la baja.

En medio de la baraúnda provocada por su denuncia, la cadena O’Globo se vio precisada a desmentir la versión que había difundido sobre supuestas cuentas bancarias de Dilma y Lula Da Silva en el extranjero, por no ser ciertas.