CAMAGÜEY.- Tardó bastante el presidente Mauricio Macri en tomar distancia de la controvertida decisión de la Corte Suprema (CS) argentina de declarar aplicable al represor y torturador Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión, la conocida ley de 2 x 1, mediante la cual a los reclusos se les computan dos años por cada uno de los transcurridos en prisión, lo cual reduce prácticamente a la mitad el tiempo que deben permanecer en la cárcel.

La citada Ley, que fue aprobada en 1994 durante la presidencia de Carlos Menem, tenía como objetivo principal reducir la población penal por delitos comunes que mantenía atiborradas las cárceles por prisiones preventivas en esa época, aunque en el 2001 fue derogada por otra que establecía su aplicación por otros delitos, incluidos los de lesa humanidad, como es el caso Muiña, puesto en libertad por decisión de la Corte.

Desde luego que este no ha sido el único intento de borrar los procesos a los represores y torturadores de la dictadura militar que asoló al pueblo argentino entre 1976-1983 y que entre sus saldos tuvo más de 30 000 desaparecidos y otras terribles secuelas, como las de los hijos y nietos secuestrados y entregados a otras familias en adopción y que dieron origen a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, que aún continúan reclamándolos.

En estos objetivos se inscriben las leyes de Punto Final que hacía caducar la acción de la Fiscalía contra los comisores de delitos de desaparición forzada de personas, y la de Obediencia Debida, que exoneraba de culpa a los miembros de las Fuerzas Armadas por debajo del grado de coronel que hubieran cometido delitos durante el proceso llamado eufemísticamente de Reorganización Nacional (dictadura militar), ya que actuaban bajo el concepto militar de obediencia debida de los subordinados hacia sus oficiales superiores.

No satisfechos con las medidas que amortiguaban o eliminaban las justas sanciones que merecían los represores y torturadores de la tiranía, el presidente Menem en 1989 dictó decretos que indultaban a los jefes militares que no habían sido beneficiados por la ley de Punto Final y a los de Obediencia Debida, así como conmutó las penas a otros encartados en varios delitos.

En fin, que los anteriores gobiernos a la dictadura militar trataron de borrar una parte dolorosa de la historia del pueblo argentino con decretos que posteriormente en gran medida fueron anulados por los gobiernos kirchneristas, pero que ahora trata de resucitar la Corte Suprema de Justicia con la aplicación de una arcaica ley a un represor y secuestrador como Luis Muiña decisión contra la que se han pronunciado con fuerza las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, las organizaciones de derechos humanos y otros que se niegan a olvidar el tenebroso pasado cuyas marcas y heridas aún permanecen abiertas y sangrantes por los que murieron asesinados, por los torturados y sus secuelas, y por los que aún son parte importante sin aparecer, de los 30 000 desaparecidos que dejó la Junta Militar.

Macri, que se dio por enterado públicamente en la provincia de Mendoza, muchos días después de la decisión de la Corte, de la cual tomó distancia al negar cualquier vínculo con ella, y “confesó” que siempre había estado en su contra, al tiempo que confió en que el Parlamento y el Senado dieran marcha atrás al acuerdo de la Corte aprobado por tres de sus cinco miembros, dos de los cuales fueron nombrados por el actual Gobierno, y no son precisamente los que votaron en contra.

Siendo las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo las que más duramente protestaron contra la medida de la máxima autoridad judicial benefactora de represores y secuestradores, resulta sospechoso que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgio haya dictado procesamiento sin prisión preventiva contra Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, por un supuesto delito de complicidad para defraudar el Estado por 13 millones de dólares que le habían sido otorgados para un proyecto de construcción de viviendas populares que nunca se materializó.

Así las cosas, no será la primera vez que el ladrón grita ¡ataja! para desvirtuar la atención de su acción delictiva.