CAMAGÜEY.- Si en el Congreso estadounidense se trama o ejecuta alguna infamia o jugada sucia contra los gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina y el Caribe, busque la mano de algún legislador cubano-americano, que seguramente la encontrará, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado.

Digo lo anterior, porque así lo demuestra el actuar de estos congresistas de origen cubano, sobre todo en los últimos tiempos, cuando se ha recrudecido la embestida de las oligarquías y la derecha latinoamericana auspiciada por las autoridades norteamericanas contra dichos gobiernos, legítimamente constituidos acorde con la democracia de los procesos electorales.

Fue notorio que cuando se ventilaba en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la llamada Carta Democrática Interamericana a Venezuela a instancias del servil secretario general, Luis Almagro, por supuestas violaciones del orden institucional, el senador Marco Rubio ejerció fuertes presiones sobre República Dominicana, El Salvador y Haití para que votaran a favor de dicha aplicación, que por cierto salió derrotada.

No hace mucho, cuando se discutía en el Congreso estadounidense la derogación y sustitución del programa de salud instaurado por el Gobierno de Barack Obama, conocido como Obamacare, y la votación estaba muy reñida por la oposición de legisladores, tanto demócratas como republicanos, a tal punto de que un sufragio podía ser decisivo para decidir el asunto, el cubano-americano Mario Díaz-Balart condicionó su apoyo a la propuesta de Donald Trump, a que este anulara los avances aprobados por el Mandatario demócrata en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, dando con ello prueba no solo de su catadura moral y ética, sino del odio que siente por la Revolución Cubana.

Más reciente aún, dos legisladores de origen cubano, Ileana Ros Lehtinen y Albio Sires acaban de presentar al Senado estadounidense un proyecto cuyo título es Nica-Act HR, cuyo objetivo es que los Estados Unidos voten contra la concesión de préstamos de los organismos financieros internacionales a Nicaragua.

Ya en diciembre del pasado año, la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto Ley Nica-Act, que persigue todos los préstamos que solicite Nicaragua ante los organismos financieros en interés de que sean vetados por las autoridades norteamericanas, a menos que el Gobierno de Daniel Ortega tome medidas para que se restablezca la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.

El proyecto último que enviaron al Senado los dos congresistas citados endurece las condiciones para que los nicas puedan acceder a recursos financieros internacionales, y ahora les exige además que eliminen la supuesta corrupción, que protejan a las Organizaciones No gubernamentales (ONG), que respete los derechos humanos, etc. etc.

Está claro que con la idea de influir en la decisión de los senadores, el Departamento de Estado ha emitido informes consecutivos en los que clasifica al Gobierno de Ortega como de “línea autoritaria” y lo han incluido en la lista negra de los estados vulnerables a lavado de dinero, lo cual seguramente contribuirá a agilizar la aprobación de la “Nica-Atc”.

Como se conoce, el voto de los Estados Unidos en los organismos financieros internacionales, ya sea el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), es decisivo para la aprobación de créditos a los países solicitantes, por lo que es muy probable que Nicaragua se vea privada de los préstamos que constituyen un elemento básico para el desarrollo y estabilidad de su economía.

Para asestarle este golpe a los nicaragüenses, los “campeones de la democracia” como se autotitulan los Estados Unidos y en nombre de la cual realizan la totalidad de sus fechorías contra las naciones latinoamericanas y caribeñas, y el resto del mundo también, para nada interesa que el más del 70 % del pueblo nica haya elegido con su voto en las recientes elecciones celebradas aquí, a Daniel Ortega como presidente y a Rosario Murillo, como vice.

Entonces ¿de qué democracia estamos hablando?