CAMAGÜEY.- El senado federal brasileño, por 53 votos a favor, acaba de aprobar la controvertida enmienda constitucional que limita el gasto público por un período de veinte años, a pesar de que según las encuestadoras el 62 % de la población del gigante sudamericano rechaza dicha enmienda por considerar que afectará el destino de los recursos financieros para la salud, la educación y otros beneficios sociales.

La intención del gobierno de Michael Temer con esta medida, que ya ha recibido no solo el rechazo interno, sino de instituciones y personalidades internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por considerarla un atentado a esos derechos de los brasileños, es lograr equilibrar la situación económica del país a través del recorte de los gastos sociales y la privatización de la riquezas naturales, fundamentalmente los hidrocarburos de la empresa estatal Petrobrás.

En medio de la crisis económica, política e institucional que padece Brasil, y la guerra entre el poder ejecutivo y legislativo, el fantasma de la corrupción continúa gravitando sobre todo el panorama nacional, matizado ahora por la petición de juicio político contra el presidente interino Michael Temer presentada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ante la Cámara de Diputados por tráfico de influencias, escándalo que ya ha causado la renuncia de dos ministros, el de Cultura, Marcelo Calero, que hizo la denuncia del delito, y Viera Lima, de la Secretaría de la Presidencia y considerado brazo derecho de Temer.

Según Calero, en conversación telefónica grabada por él, el Presidente lo presionó para que permitiera negocios particulares de Viera Lima relacionados con un edificio de 30 pisos embargado por Patrimonio Histórico y Artístico Nacional por considerarlo con esa clasificación, y no podía ser destruido para levantar una edificación comercial como pretendía Viera.

Aunque según Geddel Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, aliado del partido de Temer “ no ve procedencia de el proceso” de juicio político contra el mandatario interino, lo cierto es que Viera Lima se vio obligado a renunciar a su cargo por las imputaciones que le hiciera Calero, y a la petición del impeachment se han sumado diferentes movimientos sociales, entre ellos la Central Única de Trabajadores brasileña, y el Partido de los Trabajadores (PT) que afirma que el Presidente, después de la renuncia de su principal auxiliar, no tiene condiciones para seguir gobernando, por lo que ha solicitado a la Fiscalía General una investigación acerca de la actuación de este.

Es significativo que después que Temer asumiera la presidencia interina de la nación por obra y gracia del golpe parlamentario contra la presidenta constitucional del país, Dilma Rousseff, elegida por más de 47 millones de brasileños, unos seis ministros de los que nombró en su gabinete inicial han renunciado a su cargo por diversas razones, pero de una forma u otra el fantasma de la corrupción ha estado presente, incluidos los presidentes de la Cámara de Diputados y presidente del Senado, Alvaro Cunha y German Canheiro, respectivamente.

Para los brasileños, la experiencia no puede ser más fatal, ya que a las afectaciones sociales que se les avecinan con el congelamiento por veinte años de los recursos financieros destinados a esos fines, el panorama actual no puede ser peor, con más de 11 millones de desempleados registrados, que muchos piensan son más, inflación galopante, descenso del poder adquisitivo, poderosos estados, como Río Grande do Sul, en emergencia financiera, más profundas las brechas entre ricos y pobres, y la peor recesión económica en los últimos 80 años.