CAMAGÜEY.- La muerte de dos guerrilleros a manos del ejército, sin aclarar aún en que circunstancias se produjo, y el posterior asesinato de tres líderes sociales de izquierda que dejó además dos heridos, han multiplicado las tensiones en el camino hacia la paz de los colombianos, a los que les urge que el Congreso acabe de refrendar los nuevos acuerdos firmados en La Habana el pasado 12 de noviembre y en los que se tuvo en cuenta los reparos que condujeron al "No" en el plebiscito del día 2 de octubre.
Tal situación hace pensar a muchos que dichos sucesos están dirigidos a crear un clima de violencia para entorpecer el proceso de aprobación e implementación de lo acordado entre los negociadores de las Fuerzas Armadas de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno, y el cual después del visto bueno del órgano legislativo será firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero “ Timochenko” que ya viajó a Bogotá con ese fin.
No son pocos los especialistas que vinculan los atentados últimos a los líderes sociales de izquierda con los pronunciamientos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes han rechazados los nuevos acuerdos de paz considerando que solo a los anteriores se les ha hecho pequeñas modificaciones que en nada cambian lo rechazado en el plebiscito.
Para enrarecer más el ambiente, en la zona campesina de Caquetá circuló un panfleto de unas llamadas “Autodefensa Unida de Colombia” (AUC) en el que se lanza la siguiente amenaza: “milicianos y testaferros de la FARC, venimos a hacer limpieza”, en alusión a los líderes de la izquierda asesinados en los últimos días, que completan la alarmante cifra de 70 decesos de este tipo durante el 2016 .
Algunos diarios impresos y digitales colombianos han querido ver en estos hechos de violencia un posible resurgimiento del paramilitarismo que tan funestas consecuencias tuvo para el país hará alrededor de 30 años, cuando más de cuatro mil miembros de los partidos de izquierda fueron asesinados.
En aquellos momentos, al calor de los diálogos de paz conocidos como “Uribe Meta” entre el gobierno y las FARC surgió el Partido Unión Patriótica, que desde su organización y participación en los procesos eleccionarios comenzó a ganar alcaldías, a elegir concejales, diputados e incluso llegó a nominar a dos presidentes, todo lo cual motivó la alarma de los partidos tradicionales, que buscaron como solución para eliminar la peligrosa competencia el uso del paramilitarismo para cometer el genocidio. Como resultado perecieron miles de militantes izquierdistas en esa etapa.
Ante tales expectativas, se impone la refrendación por el Congreso, según se dice por la vía del “Fast Track”, que reduce al mínimo los debates de los nuevos acuerdos entre la FARC-EP y el gobierno y realizar el acto de firma por Santos y Timochenko para comenzar de inmediato su implementación.
A todas luces, se impone con inmediatez la puesta en marcha de la “Juridisción Especial para la Paz" (JEP) y el inicio con ello del proceso de desmovilización de unos 7000 guerrilleros, según cifras no oficializadas, y la entrega de las armas en un plazo de 180 días, con la participación del personal designado por las Naciones Unidas, para que pueda consolidarse el proceso de paz, hacerla realmente irreversible y evitar con ello que nuevas dilaciones brinden espacios para acciones contrarias a este anhelo de tranquilidad y sosiego al que aspiran la inmensa mayoría de los colombianos, y la opinión pública internacional.
