CAMAGÜEY.- No son pocos los que han recibido con cierta extrañeza los acontecimientos relacionados con el conflicto surgido entre las cooperativas de mineros en Bolivia y el gobierno de esa nación, habida cuenta de las tradiciones revolucionarias de este sector y el cual se ha tenido por un baluarte de los cambios producidos por los sucesivos mandatos de Evo Morales.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ha sido un importante apoyo para el el Movimiento al Socialismo (MAS), tanto en los procesos electorales como en otros momentos cruciales, por lo que a simple vista puede resultar contradictoria la violenta confrontación contra las autoridades gubernamentales, ya con el trágico saldo de cinco mineros muertos, sin esclarecer aún en cuáles circunstancias, y el injustificable asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Ilanes, que concurrió a dialogar con los sublevados.

En síntesis, puede afirmarse que el conflicto entre Fencomin y el gobierno no es nuevo, ya que desde hace alrededor de dos años, el rechazo a las nuevas normativas que modifican la Ley de Cooperativas y mediante las cuales se reconoce el derecho de los mineros a sindicalizarse y les impide (a las cooperativas) mantener contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras, para la explotación de los recursos naturales que tienen en sus manos, han mantenido latiente la confrontación hasta las formas violentas adquiridas ahora, con saldos lamentables en vidas y económicos para el país.

Los líderes de Fencomin argumentan que los cooperativistas son “socios” y por lo tanto no tienen que sindicalizarse y en cuanto a sus prerrogativas quieren mayores concesiones de venta y la asociación con grandes empresas privadas transnacionales, que se les exima de las rigurosas regulaciones ambientales y que las ganancias que aportan al Estado sean reinvertidas en el sector.

Por su parte, el gobierno de Evo Morales en su voz ha reiterado que los recursos naturales son del país, y en consecuencia ha dictado decretos mediante los cuales se reintegran al Estado las áreas que las cooperativas mineras entregaron mediante contratos a empresas nacionales y extranjeras, se ratifican los principios del cooperativismo y se rechazan las pretensiones egoístas económicas y de poder que los desvirtúan, se ratifican los derechos laborales de los mineros, según la Ley del Trabajo, se separa la empresa de la cooperativa y se prohíbe el uso dinamita y otros explosivos en las labores de extracción.

Como condiciones para la recuperación del diálogo, el ministro del Interior, Carlos Romero ha exigido la entrega de los asesinos del viceministro Rodolfo Illanes y el esclarecimientos de las circunstancias en que murieron los cinco mineros, las que no han podido ser establecidas hasta ahora, ya que en las manifestaciones y bloqueos de carreteras han sido utilizadas armas de fuego y explosivos por los protestantes, quienes llegaron a secuestrar alrededor de 40 policías, varios de los cuales al ser devueltos presentaban heridas punzantes y golpes.

No obstante a ello, la dirección del movimiento cooperativista anunció el nombramiento de una comisión representativa encargada del diálogo con las autoridades gubernamentales.

Pese a estos acontecimientos, inscritos, como todo el mundo sabe, en la ofensiva derechista y recolonizadora contra los gobiernos populares de la región, y en el caso específico de Bolivia, cercada por los regímenes no “amistosos” de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Perú, la nación plurinacional liderada por Evo Morales enfrenta con serenidad y firmeza los embates subversivos de la oligarquía y el imperialismo, empeñados en una estrategia golpista, secundados por una feroz campaña de mentiras y rumores tramposos, de los medios de prensa internos y externos, y hace valer el apoyo de la población favorecida por las conquistas sociales y económicas que los gobiernos sucesivos del MAS les han proporcionado en estos diez años, para continuar luchando por un presente y futuro mejores y la defensa de sus recursos naturales.