A los enemigos del chavismo los llenó de euforia la noticia de que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN) había aprobado en segunda discusión la repudiada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la cual, apenas divulgada, concitó la movilización de miles de venezolanos en clara manifestación de rechazo al engendro legislativo que pretende devolver a las calles a los responsables directos de las decenas de muertos y heridos que provocaron las guarimbas en el 2014, durante la ofensiva subversiva violenta de la oposición para tratar de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, poco le duró la alegría a los patrocinadores y partidarios de lo que el pueblo llamó “ley de amnesia criminal” , pues como le prometió a los manifestantes que le entregaron más de dos millones y medio de firmas de condena a dicha ley, el presidente Nicolás Maduro sometió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la legalidad de dicho instrumento legislativo y este órgano acaba de declarar inconstitucional el acuerdo de la AN con el cual se pretendía cobijar con un manto de impunidad a los instigadores de la violencia asesina.
Parejamente con ello, la Secretaría Jurídica del Gobierno anunció la instalación de una Comisión presidencial por la justicia y la verdad que se encargará de investigar y profundizar los hechos ocurridos durante las acciones violentas de la derecha que ocasionaron 43 muertos y cientos de heridos y lesionados, y aportar nuevas pruebas de su culpabilidad.
No obstante las energías y el empleo de su tiempo en hacer frente y desbaratar cada una de las maniobras legislativas con que la oposición derechista apunta por torpedear la acciones emprendidas por el Gobierno para sacar al país de la encrucijada productiva y de distribución en que se encuentra, el nuevo modelo económico, distinto al rentista petrolero, continúa impulsándose, como garantía del mantenimiento de las conquistas sociales alcanzadas durante estos 17 años.
Todavía esa AN, de mayoría opositora, no ha propuesto y mucho menos legislado una sola ley que vaya encaminada a resolver los graves problemas de abastecimiento alimentario y suministro de otros bienes domésticos que está padeciendo la población, porque, incluso, rechazó el Decreto de Emergencia Económica propuesto por Maduro, dirigido precisamente a dar solución a dicha problemática.
En su enfermiza y obstinada intención de derrocar al Gobierno chavista la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha solicitado al Consejo Electoral Nacional (CNE) los formularios que darían inicio al referendo revocatorio con el cual pretenden adelantar la salida del gobierno de Nicolás Maduro del poder constitucional.
Según la Constitución, la revocatoria del presidente puede producirse a la mitad de su mandato y en abril se cumplen los primeros tres años de Maduro como presidente, pero para activar dicho referendo será necesario recabar por los demandantes el 20% de las firmas de los electores inscriptos en el registro electoral en un plazo de tres días.
De conseguir dicha cantidad de rúbricas y consideradas válidas, el CNE puede convocar el revocatorio, pero en el caso de Maduro, para sacarlo de la presidencia deberán votar a favor del proceso más de 7,5 millones de electores cifra que lo eligió a él en el 2013, como mandatario de la nación. Si esto ocurriese, asumiría el cargo el vicepresidente hasta el término del período presidencial en el 2019.
Frente a las maniobras constantes de la derecha y el cerco capitalista que busca la desestabilización del país para propiciar el golpe interno o externo, la solidaridad de la región y de la Red de Intelectuales, Artistas, Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad no se ha hecho esperar, y en Caracas, creadores, pensadores y activistas de varios países del mundo acaban de alinearse en defensa de la revolución bolivariana y en el propósito de aunar voluntades para hacerle frente y derrotar la embestida neoliberal que recorre hoy el área latinoamericana y caribeña.
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