Afirma un comentarista de un diario español que desde los años ‘80 para acá más de 20 presidentes no han terminado sus mandatos, y solo dos fueron por acciones militares, aunque en los restantes las causas son múltiples, entre ellas crisis de coaliciones gubernamentales partidistas, manifestaciones ciudadanas abortivas, derrumbes de sistemas neoliberales y aplicaciones del impeachment  (juicios políticos), como el que se pretende usar ahora contra la presidenta Dilma Rousseff, en Brasil.

La crisis en el gigante sudamericano con estas características repite la historia de lo acontecido aquí en 1992 contra el presidente Color de Mello, cuando usando como pretexto la construcción supuestamente ilegal del llamado “Jardín de Babilonia” en la residencia del Mandatario, en Brasilia, a un costo de unos 2,5 millones de dólares se le aplicó el impeachment y fue sacado del poder.

Con Dilma, el argumento es el financiamiento ilegal de su campaña con fondos corruptos procedentes de la empresa estatal Petrobras, algo que no ha podido ser probado, pero cuya operación en la petrolera se calcula que permitió la apropiación de más de dos mil millones de dólares, acciones en la cuales aparecen vinculados funcionarios y personalidades de la Cámara de Diputados y del Congreso.

En este entramado político dirigido por la derecha, la oligarquía nacional y las transnacionales de la información con su barraje informativo manipulador, donde no se descarta la mano siempre presente del exterior, el fin es echar a la Rousseff del Palacio de Planalto para cortar de cuajo la continuidad de la presidencia del Partido del Trabajo (PT) y aplicar paquetes neoliberales que eliminen los programas sociales puestos en practica por el Gobierno como Mi Casa, Mi Vida, que proporciona vivienda a más de 7 millones de personas, Bolsa Familia, transferencia de renta para cubrir salud, educación y alimentación a los más desposeídos, el pleno empleo y otros beneficios recibidos en los años de poder del PT.

La embestida, enmarcada en las dificultades económicas que atraviesa el país, ha ganado en fuerza en las últimas semanas, no solamente montada en el espectáculo judicial desarrollado contra el expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, conducido a declarar bajo aparatoso despliegue policial en el caso Petrobras, con el que se le pretende vincular, sino con el abandono por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño ( PMDB) de la coalición del gobierno liderada por el Partido de los Trabajadores y la cesación de sus seguidores de todos los cargos, incluidos el de vicepresidente y seis ministros.

Con casi 2,5 millones de afiliados, el PMDB acompañaba al PT desde los tiempo de Lula Da Silva, es uno de los más representado en la Cámara de Diputados con 66 legisladores, tiene 19 senadores, gobierna en siete estados y en 1022 municipalidades y su decisión lo deja en libertad de votar a favor del impeachment contra la Presidenta en el proceso que se le sigue por una Comisión de la Cámara de Diputados.

En el caso de que en esta instancia legislativa se aprobase la realización del juicio por la mayoría de 342 diputados este pasaría al Senado para su discusión, órgano con 180 días  

para deliberar y si 54 senadores dan su aprobación, la Mandataria sería removida del cargo y el vicepresidente, Michel Temer, del PMDB, ocuparía el mandato, solo que por una decisión de la Corte Suprema, en particular del magistrado Marco Aurelio Mello, el vice será sometido a juicio político por la Cámara de Diputados en un proceso similar al que se le sigue a la Rousseff por considerarse que podría haber incurrido en un “delito de responsabilidad” al firmar decretos que facilitaron maniobras contables del Gobierno, hechos también en los que se pretende implicar a la Mandataria brasileña.

Desde luego que hasta estos momentos la oposición no ha podido presentar una sola prueba contra la Rousseff y el proceso no parece ser más que una intentona de golpe de Estado que, de consumarse, sería un duro rompimiento del orden democrático en el gigante sudamericano que puede sentar aquí y en la región un nocivo precedente y un lamentable revés para la integración latinoamericana y caribeña.

El PT deberá establecer nuevas alianzas con otros partidos del panorama político brasileño para continuar gobernando en coalición, al tiempo que sigue desarrollando la batalla legal y política contra los golpistas, mientras se mantiene en pie la decisión de Dilma de incorporar a Luiz Inácio a su equipo de gobierno, no obstante la suspensión hecha por un juez de su designación como ministro de la Casa de Gobierno por considerar se trata de evadir su comparecencia ante la justicia en el caso Petrobras.

“Lula viene como ministro o como asesor, pero viene, nadie lo va impedir”, ha afirmado la Mandataria.

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