La citación y conducción forzosa, con un despliegue de más de 200 policías federales y 30 auditores de que fue víctima, así como el registro de su vivienda, para que compareciera a declarar en el caso de corrupción que se sigue contra la empresa petrolera Petrobras, fue un acto ilegal, arbitrario e injustificado que ha levantando una ola de protestas no solo el interior de Brasil, en la región y en otras partes del mundo donde el líder de los trabajadores brasileños goza de prestigio y autoridad por su limpia ejecutoria.

Como presidente del gigante latinoamericano durante dos mandatos, del 2003 al 2010, Lula da Silva y el PT hicieron más por el pueblo brasileño que todos los anteriores mandatarios de los partidos tradicionales neoliberales, logrando sacar de la pobreza a más de 30 millones de personas, revitalizaron la economía, generaron cientos de miles de empleos y el país se convirtió en la séptima potencia económica del mundo.

Es incuestionable que la arremetida contra Lula y la presidenta Dilma Rousseff se inscribe dentro de la ofensiva que la derecha y las oligarquías nacionales, en notoria convivencia con las grandes corporaciones transnacionales e intereses imperialistas, se desata contra los gobiernos progresistas de la región, de los que son ejemplos las campañas difamatorias contra Evo Morales, en Bolivia, las tensiones en la cúpula militar y la derecha contra Rafael Correa, en Ecuador, la desbancada del kirchnerismo en Argentina, los miedos manipulados para torpedear la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, la  renovación de la Orden Ejecutiva del presidente Obama declarando una “emergencia nacional” por considerar  a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de ese país, el asesinato de la líder indigenista y medioambientalista en Honduras, el cambio de estrategia para lograr el mismo fin, cambiar el régimen, con Cuba, todo ello con la intención de revertir los avances integracionistas en la región y restaurar el neoliberalismo en esas naciones.

Es evidente que bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción la oposición reaccionaria brasileña trata de manipular el caso Petrobras para asestar un golpe parlamentario al gobierno legítimo de Dilma Rousseff, vinculando a la Mandataria y a Lula con importantes empresarios acusados de actos delictivos y yendo más lejos, de haberse beneficiados de dichos actos de corrupción y haber utilizado esos recursos en las campañas electorales.

Es innegable además, que sectores de los aparatos legislativos, judiciales y policíacos han actuado con  venalidad, sumándose a los que tratan de criminalizar a Lula y su Partido de los Trabajadores, persiguiendo evitar por todas las vías, incluida la amenaza de inhabilitación por la Fiscalía para que pueda aspirar a cargos públicos,  que el indiscutible liderazgo histórico de este pueda imponerse en un nuevo proceso electoral que dé continuidad al gobierno progresista que el PT representa.

Las cuatro horas a que fue sometido a interrogatorio no mellaron en lo más mínimo el estado de ánimo de Lula, quien respondió tranquilamente a todas las preguntas, según un representante de la Policía Federal, para posteriormente afirmar que siempre fue a prestar declaraciones, “porque no debo ni temo. Y agregó, “encendieron en mí la llama y la lucha continúa”.

Por su parte, la presidenta Dilma manifestó su inconformidad con el hecho de que un exmandatario haya sido sometido a una conducción coercitiva para declarar en la Policía Federal lo cual consideró innecesario, mientras que el Instituto Lula, también objeto de allanamiento, apuntó que la violencia practicada contra éste supone una agresión al Estado de Derecho que alcanza a toda la sociedad.

Lo cierto es que los que esperaron sacar dividendos políticos del show mediático contra Lula, su Partido y por prolongación contra la mandataria Dilma, parece que este les ha resultado un bumerang, si nos atenemos a la reacción que ha provocado dentro del pueblo brasileño, que ha sido de total rechazó a tan arbitrario e ilegal proceder y de solidaridad con el expresidente.

A esta solidaridad y voz de protesta se unió la del pueblo cubano a través de una declaración de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que rechaza el ataque contra la Constitución y la democracia en Brasil, que ha convertido a Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y al Gobierno de Dilma Rousseff en blanco de acciones judiciales y parlamentarias injustificables y desproporcionadas y expresa su confianza en que la verdad se abrirá paso ante el pueblo brasileño.

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