Como se recordará, dicho cierre fue decretado por el presidente Nicolás Maduro a raíz del ataque a una patrulla por elementos paramilitares, con el saldo de dos soldados bolivarianos heridos, y el agravamiento de la actividad contrabandista, causante de graves perjuicios al abastecimiento de artículos de primera necesidad a la población y eslabón importante en la guerra económica que libra la oligarquía opositora, con apoyo exterior, contra el Gobierno venezolano.

El control en los pasos fronterizos por parte de las autoridades de Caracas, y el empeño por establecer el orden y la legalidad para combatir a los paramilitares en esta zona motivó la salida de cientos de colombianos que residían indocumentadamente en territorio bolivariano, situación catalogada por el presidente Juan Manuel Santos como una violación de los derechos humanos en el transcurso de un discurso incendiario en el que pretendió colocar a Venezuela en el banquillo de los acusados, sin justificación válida alguna, y sin mencionar que el éxodo de sus conciudadanos se debe a las precarias condiciones económicas y de seguridad que padecen en su tierra.

En dicho discurso Santos fue tan lejos como para afirmar “ que la revolución venezolana se está autodestruyendo”, declaración injerencista e irrespetuosa que el Gobierno bolivariano se encargó de refutar y que en nada contribuye al establecimiento de un diálogo serio, a pesar de las reuniones celebradas entre las cancilleres de ambos países.

Ahora, el Ministro de Defensa colombiano denuncia que aviones militares venezolanos violaron el espacio aéreo nacional al penetrar más de 2 kilómetros en su territorio, en lo que parece un nuevo intento de seguir calentando la frontera común para mantener el estado de tensión entre las dos naciones, con evidente objetivo desestabilizador.

Por su parte, el presidente Maduro afirmó que tal supuesta violación no es más que una invención de las autoridades colombianas quienes pretenden con ello descalificar y entorpecer las gestiones de los organismos regionales Unasur y la Celac en aras de lograr un diálogo bilateral entre los mandatarios de ambos países para alcanzar decisiones beneficiosas para los dos pueblos, cuya tradición amistosa es de larga data.

El contrabando en la frontera con Colombia resulta tan perjudicial para las naciones limítrofes, que Ecuador se ha visto obligado a tomar medidas para evitar que cuantiosos recursos del país se escapen por esta vía y por ejemplo ha dictado que las importaciones terrestres desde la vecina Colombia deberán pagar impuestos y los vehículos con placa extranjera erogarán precios más altos para la adquisición de gasolina, que aquí es una de las más baratas para los nacionales.

En lo que a Caracas corresponde, la decisión es mantener cerrada la frontera hasta tanto se logre que esta sea una frontera de paz, legalidad y orden y en ello a Colombia le corresponde una buena parte, que no solo debe reconocer, sino también disponerse a cumplir.

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