En su discurso, el Mandatario informó acerca de la decisión de suspender temporalmente ambos proyectos para someterlos a un amplio debate que era el que se pretendía realizar en la Asamblea Nacional, pero fue impedido por la ola de violencia y desinformación que se desarrolló, instigada por la oposición de derecha, los medios de difusión al servicio de las oligarquías y fuerzas externas que hoy conspiran no solo contra la Revolución Ciudadana, sino contra todo gobierno que defienda los intereses de sus pueblos frente a la voracidad de las oligarquías internas y las fuerzas imperiales externas.    

Los proyectos son instrumentos legales y jurídicos que buscan una mejor redistribución de las riquezas del país y muy contrario a lo que se ha estado manipulando por los impulsores de las protestas, en modo alguno perjudicarían a la clase media y mucho menos a los pobres, que no tendrían otra cosa que perder que su pobreza.

En Ecuador la riqueza está en manos del 2 % de la población que posee el    90 % por ciento de los bienes materiales del país y es precisamente a esa riqueza extraordinaria a la que gravarían las nuevas leyes que podrían elevarse en la medida que el monto de esta sea más alta.

La tasa propuesta por el proyecto para las herencias se aplicaría de forma progresiva a partir de un patrimonio heredado ascendente a 35 400 dólares lo que afectaría a menos de un 1 % de la población, pues apenas tres de cada 100 000 ecuatorianos recibe cada año una herencia superior a los 50 000 pesos.

En el caso de la plusvalía, lo que se busca es frenar las ganancias ilegítimas que obtienen los especuladores en las transacciones de terrenos y propiedades en las zonas donde el Gobierno realiza sus obras sociales o económicas.

Ningún pobre o persona de clase media, de manera general, tiene posibilidades de recibir  herencias ni sus propiedades producir plusvalías que signifiquen decenas de miles de dólares para aplicarles los impuestos que dispondrían ambos instrumentos legislativos.

En modo alguno la suspensión temporal de los proyectos significa una derrota, porque como ha dicho el presidente Correa, el Gobierno tiene disposición para asumir el costo político que pudiera implicar la aprobación y aplicación de las dos leyes porque sabe que cuenta con el apoyo mayoritario de la población que desde el inicio de la Revolución Ciudadana solo ha recibido beneficios, como la reducción de la pobreza en más de un 20 %, mayor acceso a la educación, a la atención de la salud, al empleo y la estabilidad y seguridad del país.  

El llamado del Gobierno a la paz y la reflexión (desoído por la oposición) está dirigido a crear un clima favorable para el debate en el que todos los criterios serán respetados y la voz  de la mayoría será la que al final prevalecerá, porque lo que se busca es la prevalencia de la justicia social y la disminución de las brechas entre los ricos y los pobres.

La nación se prepara para recibir con regocijo la visita del Papa Francisco los días del 6 al 8 de julio mediante la cual realizará aquí un importante periplo, que seguramente será bien recibido por toda la población.

Ante estos acontecimientos en la hermana república ecuatoriana, no son  pocas las voces que se han alzado, dentro de ellas la de Cuba, para expresar su solidaridad con el Gobierno y con el propio presidente Rafael Correa, a quien se le reconoce suficiente capacidad, valentía e inteligencia para enfrentar esta embestida conspirativa y salir airoso de la confrontación, por muy poderosas que sean las fuerzas  que se le opongan.

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