Impotentes ante la última decisión de Obama de sacar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, cuyo plazo de impugnación por el Congreso precisamente vence este 29 de mayo, fecha después de la cual se hará efectiva, los congresistas de origen cubano, que son los peores, además de las propuestas para dar marcha atrás al proceso de las relaciones diplomáticas, hace un tiempo para acá le han enfocado los cañones a la Ley de Ajuste cubano.

Este Ley, promulgada en 1966, permite la entrada a territorio norteamericano de los cubanos bajo palabra (parole), obtener de manera expedita permiso para trabajo y solicitar al año y un día residencia permanente y permanecer físicamente en el país.

Posteriormente se le añadió una cláusula conocida como “pies mojado y pies seco” para promover las salidas ilegales del país que consiste en que los inmigrantes interceptados en el mar por los guardacostas estadounidenses serán devueltos a la Isla y los que logren arribar a sus costas serán recibidos en Estados Unidos. Cientos de cubanos han perecido en esta riesgosa aventura de cruzar el Estrecho de la Florida o buscar terceros países de la región para dar el salto en precarios medios de transporte.

Desde luego que las modificaciones hasta ahora propuestas o en proyecto a la Ley no están dirigidas a impedir que sigan muriendo cubanos en intentos de salidas ilegales, sino que van a limitar los beneficios que tienen los cubanos con dicha Ley, sobre todo por las características y motivaciones de la actual inmigración.

Uno de estos últimos proyectos es el del legislador republicano Carlos Curbelo, representante por la Florida para quien la Ley de ajuste, aunque no lo dice ni técnicamente lo es, en la práctica se convierte en un instrumento de asilo político, por lo que a todo cubano que llegue sin visa a Estados Unidos se le debe aplicar este concepto automáticamente y considerarlo asilado político, por lo cual deberá estar sujeto a un grupo de restricciones y esperar cinco años, de acuerdo a la legislación estadounidenses, para regresar a su país, donde  se supone haya sido un perseguido político.

Todavía Curbelo no sabe qué va a hacerse con los visitantes que llegan con visas y cumplido su permiso de estancia se quedan en el país y solicitan y obtienen los beneficios de la Ley bajo las condiciones de “ajuste de status” del inmigrante que procede de la Isla y que no tiene ningún otro inmigrantes de la región ni de ningún otro lugar.

Otros proyectos, como el del senador Marcos Rubio, de origen cubano y aspirante presidencial, acérrimo enemigo de Cuba o de la “loba feroz”, Ileana Ross Lehtinen, del mismo ropaje, son mucho más radicales en sus reformas a la Ley, pero dirigidas todas no a devaluar su esencia, sino a privar de los beneficios que concede a los inmigrantes de la Isla.

En conclusión, lo que les duele a todos estos reformadores no son lo que mueren durante las salidas ilegales en las turbulencias marinas, y mucho menos que durante décadas esta Ley haya sido como un instrumento para estigmatizar la Revolución mostrándola como una gigantesca cárcel donde se persigue por las ideas políticas a las personas, y no les queda otra alternativa que lanzarse al mar huyendo de la “dictadura castrista”.

Lo que los tiene molestos con dicha legislación es que ya esta emigración no es la misma de años atrás, que ellos manipulaban e incorporaban a sus planes agresivos contra Cuba, sino que los actuales emigrados lo hacen fundamentalmente por razones económicas y lo que realmente les interesa es trabajar y obtener los recursos necesarios para ayudar a su familia en la Isla y viajar a ella siempre que puedan, como lo demuestran los más de 400 mil cubanos que lo hicieron en el 2014.

Aunque las autoridades estadounidenses han reiterado que no piensan modificar ni derogar la ley, no es menos cierto que no ya en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, pero sí en el de la normalización de éstas, que es otra cosa, la Ley de ajuste seguirá siendo un elemento de política exterior contra Cuba y por lo tanto, un obstáculo para dicha normalización.