Al unísono del combate permanente contra la COVID-19, con el Ordenamiento monetario y cambiario y las restantes medidas que lo acompañan, Cuba ha entrado en otra nueva normalidad por representar una transformación sustancial en la vida de millones de personas y en el necesario y anhelado despegue de su dañada economía.

Quizás por estar inmersas en la celebración del fin de año, luego de un 2020 bien cruento debido al impacto del bloqueo norteamericano y de la epidemia, ahora es que muchas familias o compatriotas empiezan a sentir los primeros efectos de los incrementos de precios de bienes y servicios, y de la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, aun cuando como parte de la Reforma Salarial un anticipo a finales de diciembre alivió tensiones.

Que desde el primero de enero, el histórico Día Cero de la Tarea Ordenamiento, sea el peso cubano la única moneda que circule, incluso para todo tipo de transacciones comerciales, financieras o contables, deviene hecho extraordinario, al igual que contar con una tasa de un dólar por 24 CUP, amén de que la población y las entidades dispongan de seis meses para realizar el cambio de CUC a CUP.

Los impactos iniciales han estado en la compra con los nuevos precios de “los mandados” de la canasta familiar normada correspondiente a enero, del pan, del combustible doméstico y para el transporte, de los medicamentos no subsidiados y en el pago del ómnibus local a dos pesos en la capital y a uno en el resto del país, así como en las adecuaciones aduaneras al eliminarse el CUC y en que los cajeros automáticos solo dispensen CUP, incluso en monedas de altas denominaciones.

La subida de precios, algunos abusivos y especulativos, especialmente en negocios privados y en el mercado negro, es otra realidad, contra la cual el Estado, con el concurso del pueblo, libra una fuerte batalla, dado que ello a su vez podría provocar una inflación superior a la diseñada, agudizada por el actual déficit de ofertas.

A su vez las transformaciones en los ingresos de la población a partir del incremento de los salarios, de las pensiones y de las prestaciones de la Asistencia Social, otro de los componentes de la compleja y profunda tarea Ordenamiento, desde finales de diciembre han tenido su impacto (favorable) en millones de personas, sin dejar de insistir en la aspiración de que la principal fuente de ingresos en muchos hogares sea el trabajo.

En el transcurso de enero los cubanos sentirán también en sus presupuestos o bolsillos el pago de las nuevas tarifas eléctricas, del agua, de la telefonía, de acceso a Internet y demás servicios de las telecomunicaciones, por citar algunos, y de los impuestos sobre los ingresos personales mediante retenciones y de los tributos, con la adecuación necesaria al eliminarse el CUC.

Pero resulta necesario recordar que tal subida de precios se debe en gran medida a que aumentan los costos de aquellos bienes y servicios con componentes importados, y si para adquirir una mercancía o materia prima una entidad gastaba un dólar, ahora, con la unificación monetaria y cambiaria necesitará más dinero por la misma compra. 

De manera que las correcciones de precios mayoristas y minoristas resultan una necesidad imperiosa del Ordenamiento, al igual que la empresa estatal socialista empiece a asumir el rol preponderante en el desarrollo de la economía cubana y fomente en lo posible las exportaciones y la sustitución de importaciones.

Con las flexibilizaciones y atribuciones aprobadas desde 2020 para las empresas y las formas de gestión no estatales, y especialmente con la unificación monetaria y cambiaria, los nudos productivos deben empezar a desatarse.

Ahora los principales obstáculos están en el bloqueo norteamericano y que nuestros colectivos laborales y cuentapropistas no interioricen que en medio del combate a la COVID-19 estamos ante creatividad e innovación, consagración al trabajo y uso racional y eficiente de los recursos, al comenzar a cambiar las reglas del juego y las condiciones o el escenario.