CAMAGÜEY.- La política del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba asemeja el torneo desenfrenado de un grupo de sus principales personeros para ver quién dice las más grandes mentiras, lanza las más terribles amenazas, o se aparece con el anuncio de nuevas e irracionales medidas para endurecer el bloqueo de casi 60 años contra el pueblo cubano.

El pasado 2 de mayo se activó el capítulo III de la Ley Helms-Burton, engendro que bajo el aparente ropaje legislativo pretende asfixiar la economía de la Isla mediante su aplicación extraterritorial y la práctica de una política de sanciones que disuada a posibles inversores y a las empresas extranjeras de realizar negocios con el Gobierno de la Mayor de las Antillas.

Este engendro bajo el hipócrita nombre de Ley para la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, firmada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, autoriza a los propietarios estadounidenses y cubanoamericanos de las empresas que fueron nacionalizadas por el Gobierno cubano en 1960 a establecer reclamaciones en las cortes de ese país contra las entidades que actualmente “trafiquen” con dichas propiedades aquí.

Lo primero que hay que decir que la Helms-Burton tiene su fundamento en dos soberanas mentiras, la de que Cuba constituye un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos (a no ser por el ejemplo que irradia) y que las nacionalizaciones realizadas por la Revolución fueron “ilegales, ilegítimas e indebidas”, cuando todo el mundo sabe resultaron hechas acorde con el derecho internacional y la legislación cubana y que se cumplió el capítulo que establece la correspondiente compensación a los afectados, solo que la soberbia imperialista los hizo negarse a recibirlas.

Acorde con la activación del citado capítulo, ya en la ciudad de Miami, no podía ser en otro estado norteño, por residir aquí la más rancia mafia anticubana, se presentaron las primeras reclamaciones sobre los muelles de Santiago de Cuba y La Habana contra la empresa de cruceros Carnival que realiza aquí sus operaciones turísticas de atraque.

Especialistas consideran se producirá una avalancha de demandas que podría llegar hasta 200 000, partiendo del hecho de que el Departamento de Justicia ya tenía en su haber unas 9 000 antes de la activación de dicho capítulo, al tiempo que estiman los dilatados trámites que implicará, primero establecer la legitimidad de estas y luego llegar a conclusiones judiciales que hagan valederas dichas reclamaciones y su correspondiente indemnización, por lo que pueden transcurrir años para comprobar la efectividad en este aspecto de la Helms-Burton.

Por lo pronto, con independencia de las afectaciones económicas que puede producirnos la puesta en vigor de este capítulo III, sobre todo porque significa un recrudecimiento del bloqueo contra nuestro país y podría implicar el retraimiento de las inversiones extranjeras que tanto necesitamos, los cubanos ya hace tiempo que estamos blindados contra las agresiones de los gobiernos norteamericanos, por nuestra capacidad de resistencia y de combate, y porque tenemos una legislación que invalida la aplicación aquí de cualquiera legislación foránea y específicamente la Helms-Burton que fue la que motivó nuestra Ley 80 aprobada por la Asamblea Nacional.

De hecho, Cuba no reconoce ningún valor jurídico de dicha ley, por lo que considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad, no obstante ello expresa su disposición a compensar de manera adecuada y justa a las personas que en el momento de la nacionalización ostentaban la ciudadanía estadounidense, siempre y cuando sean examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Gobierno y el pueblo cubanos tienen derecho por lo daños y perjuicios del bloqueo y las sucesivas agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La decisión ahora de Donald Trump de activar dicho capítulo, que fuera aplazado por 21 años por las administraciones que le antecedieron, no solo recibe el rechazo más rotundo de los cubanos, sino que internacionalmente bloques como la Unión Europea, y países como Canadá, México, Rusia, China, Turquía y otros muchos no solo activarán su legislación antídoto para defender a las empresas que mantienen vínculos comerciales con Cuba, sino que algunos de hecho han mostrado disposición a acudir a la Organización Mundial del Comercio para denunciar el carácter extraterritorial y violatorio de la libertad de comercio de la Helms-Burton.