CAMAGÜEY.- Contra viento y marea adversas, tanto desde fuera como desde dentro, Nicolás Maduro Moro es investido este 10 de enero como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mandato ganado en buena lid en las elecciones generales celebradas el 20 de mayo del pasado año.

El llamado Grupo de Lima, que por cierto no cuenta con legalidad institucional alguna, por lo que ninguna de sus decisiones constituye efecto vinculante para los países de la región, por orden de Washington, se ha atrevido a cuestionar la legitimidad del proceso eleccionario por el que Maduro resultó electo, alegando que se hizo a espaldas de la Asamblea Nacional, que como todos sabemos se encuentra en desacato por haber investido como diputados a tres de sus miembros de la Amazonía que cometieron fraude.

Esta vez, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano dirigió la orquesta por control remoto ya que al no estar presente en la reunión del Grupo a través de una videoconferencia le indicó los acuerdos que debían tomar a lo cual, con la excepción de México y Uruguay, accedieron solícitos los restantes miembros, como corresponde a este apéndice de la Organización de Estados Américanos (OEA), instrumento dócil de la agresiva política de Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Pretender desconocer los seis y tantos millones ( 67 %) de votos con que los venezolanos eligieron a Nicolás Maduro como presidente, en unas elecciones caracterizadas por su tranquilidad, que contaron con la presencia de cientos de observadores internacionales y con el más eficiente sistema de votación en la región, además de una canallada, no conseguirá con tan burdos argumentos, el objetivo de deslegitimar la asunción del mandatario bolivariano al frente del país por un período de seis años.

Como complemento de la campaña antivenezolana del “grupito”, algunos tan descalificados para demandar legalidad, como Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Honduras y otros no menos falta de moral para hacerlo, hubo recomendaciones de que, en clara imitación de los métodos de sanciones de los Estados Unidos, se les prohibiera la entrada a los territorios de las naciones miembros de altos funcionarios del Gobierno bolivariano, así como establecer sanciones financieras a personas nacionales o jurídicas vinculadas con el régimen.

No faltó en este cónclave de genuflexos la condena a las acciones de la Armada Venezolana que detuvo en sus aguas territoriales dos buques de investigaciones petroleras estadounidenses que Guyana autorizó a penetrar y que penetró en ellas sin previa autorización de Venezuela, sumándose así a los pronunciamientos de la Asamblea Nacional en desacato, que se atrevió a reconocer el derecho de los guyaneses a penetrar en esos mares actualmente en disputa entre los dos países, renunciando así a parte del territorio nacional en acto que el presidente Maduro calificó de alta traición a la patria.

Desde luego, que no será lo que diga o haga parte del Grupo de Lima a los dictados del gobierno estadounidense lo que va impedir que Maduro inicie este 10 de enero un nuevo mandato hasta el 2025 y que con los atisbos de avance de la Revolución Bolivariana vendrán muchos años más de Gobierno chavista como expresión de la voluntad del pueblo venezolano que ha sabido resistir a pie firme todas las embestidas de la contrarrevolución interna y del imperialismo norteamericano que no ceja en sus intentos de cambio de régimen para acceder a las riquezas energéticas y otras de la nación.