CAMAGÜEY.- El Consejo de Ministros ha abordado importantes temas económicos y sociales, y uno de ellos fue la persistencia de indisciplinas y evasión fiscal por subdeclaración de ingresos e irregularidades en la justificación de los gastos en los modelos de gestión no estatal, así como el ejercicio ilegal de actividades.

Camagüey no escapa de algunos de esos problemas. Las indisciplinas fiscales que más inciden tienen que ver con el no pago a tiempo de los tributos, obligación indeclinable de las personas naturales cada mes. La proporción real es que solo el 83 % hace efectiva esa obligación y el resto viola lo legislado en la Ley Tributaria, con mayor incidencia trabajadores por cuenta propia de los municipios de Jimaguayú y de la cabecera provincial.

La Administración Tributaria en el territorio ha actuado en consecuencia con la imposición de multas por el incumplimiento de lo fijado en la ley, con una cuantía por valor de más de un millón de pesos y con fuerza contra los morosos.

Desde el 2017 la provincia ha trabajado en 22 casos por delito de evasión fiscal, configurándose con aquellas personas que no han tenido la voluntad de pago por la deuda contraída y han tratado de burlar el control de la Administración Tributaria, bien por hacer caso omiso a la advertencia de pagar o por la no rectificación de una declaración jurada.

Según información ofrecida por el Departamento de Atención a Contribuyentes de la ONAT provincial, el número de juzgados por evasión fiscal comprende la aplicación a dos de ellos de la sanción de cinco años de privación de libertad; tres con multas y el pago de la deuda, y seis casos con hasta cuatro años de trabajo correccional sin internamiento.

Actualmente esa entidad procesa los últimos cinco expedientes para presentar la denuncia antes del cierre de año. En estos transgresores se observa la utilización de testaferros para la comisión de los delitos; mientras los órganos de control trabajan otros casos de mayor envergadura, respecto al no pago de obligaciones y la subdeclaración de ingresos y de la fuerza de trabajo contratada en las relaciones con empresas estatales.

El Sistema Tributario cubano nace como un ejercicio del Estado en aras de obtener contribuciones para garantizar su sostenimiento y actividades de carácter público, cuya magnitud y procedencia depende de las condiciones concretas del país en sus diversas etapas históricas.

Busca crear una conciencia tributaria en la población, de modo que comprenda que las contribuciones al Estado forman parte de un deber social para cubrir los gastos en que este incurre con el fin de satisfacer los requerimientos de la sociedad.

No veamos con rareza la aplicación de medidas de privación de libertad, con internamiento o sin internamiento, y multas de grandes cuantías como un hecho aislado en Cuba. Detengámonos a pensar cuántas veces vemos por la televisión, escuchamos por la radio o leemos en la prensa o en las redes sociales, casos de reconocidos artistas foráneos y hombres de negocios acusados o sancionados por evasión fiscal.

Nadie debe olvidar la difícil situación económica de Cuba en los últimos años, la cual se ve afectada por condicionantes externas, como el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y la crisis económica mundial, generalizada como crisis del sistema, y a pesar de lo cual el Estado mantiene los servicios gratuitos de Salud, Educación, la formación deportiva y cultural, así como la Seguridad y la Asistencia Social, además de los gastos para la defensa del país, concebidos como derechos constitucionales a un altísimo costo para un país subdesarrollado.

Abonar todo lo debido, y en el término adecuado, es solo la pequeña contribución de cada ciudadano al gran sueño del país justo que queremos.