CAMAGÜEY.- En un escenario como el de Cuba, con grandes desafíos en el terreno de la comunicación, con un pueblo que apuesta cada vez más al uso de las tecnologías y un Gobierno que prioriza la informatización de la sociedad, no podían quedar fuera del ordenamiento constitucional aquellos elementos que regulan el acceso a los medios de comunicación y a la información.

Para bien nos estamos acercando a la manera en la que el mundo estudia, analiza, debate y comprende los fenómenos actuales. Y la comunicación no queda exenta.

En 1980 surgía el documento Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo, en este se define lo que entendemos por comunicación si de derechos hablamos: derechos de reunión, discusión y participación, a buscar información, ser informado e informar, a la cultura, a la protección de la vida privada.

Es importante aclarar que aunque la Constitución vigente fue aprobada en 1976, cuatro años antes del Informe McBride, Cuba le reconoció a sus ciudadanos ese grupo de derechos. Si bien no son los mismos términos que después la comunidad internacional asumiría, pero el espíritu sí estaba implícito. No se podía concebir una sociedad socialista sin el derecho a la cultura en el sentido más amplio de la palabra.

El Proyecto de Constitución que ahora se discute, en su Título IV actualiza estas denominaciones en los Artículos 55, 56, 59, 60, 61 que resumen los principios de recibir información veraz, adecuada y oportuna por parte del Estado; conocer todo lo que de su persona conste en los registros públicos, así como mediar ante su no divulgación; a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; a la libertad de prensa; y los derechos a reunirse, manifestarse y asociarse con fines lícitos y pacíficos; además de el de estar informado de la gestión de los órganos y autoridades del Estado, refrendado en el 92.

Estos cambios en el ordenamiento jurídico llegan aparejados de la discusión y aprobación de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano que se fundamenta precisamente en la Constitución de la República. Son cuestiones que abarcan a toda la sociedad en su conjunto y por tanto deben ser cumplidas por todos: organismos, formas de propiedad y gestión no estatal, medios, organizaciones, asociaciones y ciudadanos.

En consonancia con lo expuesto en el Proyecto de Constitución, la política reconoce que la información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano. También responsabiliza al jefe de cada entidad de socializar información pública y de  garantizar el proceso de comunicación con sus trabajadores y con la sociedad.

Además, mantiene como premisa que es el director del órgano de prensa el máximo responsable de la ejecución de la política informativa, editorial y cultural en su órgano. Así mismo no deja dudas respecto al carácter público de los servicios de prensa, radio y teledifusión, por lo que su financiamiento los asume el Estado. Tanto la política como la Ley de leyes defienden el carácter clasista de los medios, evidente en el segundo párrafo del Artículo 60 que expresa la propiedad socialista de todo el pueblo sobre estos y asegura, de esa forma su uso al servicio de la sociedad.

En tal sentido, Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la UPEC, ha defendido en varios escenarios la necesidad de tener en cuenta para el texto constitucional el nuevo entorno digital, que replantea no solo la noción tradicional de espacio público, sino los mecanismos para la protección, uso, conservación y difusión de la información. Si estamos hablando de derechos progresivos por qué no considerar el derecho a las tecnologías como mismo hablamos del acceso a una vivienda digna o a un salario que remunere el trabajo que se hace.

El español Manuel Martín Serrano es claro al hablar de que el sistema de comunicación depende de otros subsistemas y sistemas que se relacionan entre sí. De ahí que que se comprende que sean tan importantes la voluntad política y el interés del Estado en la implementación de la Constitución y la política de comunicación, que garanticen eficazmente la rendición de cuentas y el control popular, así como una cultura de transparencia.

La Constitución y la Política no se pueden quedar allí, pasaría lo mismo que con la de 1976 que hace referencia a una ley que nunca se aprobó. Es momento de pensar en cómo llevarlas a un cuerpo legal específico de obligatorio cumplimiento y que estén a la altura del espíritu garantista de la Carta Magna.

En tanto, las estructuras del Gobierno utilizan las tecnologías para estar más cerca del pueblo: los sitios del ciudadano como parte del gobierno digital, los decisores en las redes sociales y el Presidente en Twitter indican que se avanza considerablemente en muy poco tiempo, consecuente con lo que el propio Díaz-Canel declaró de que la comunicación sería el tercer eje de la gestión gubernamental. No puede ser de otra forma si se pretende seguir manteniendo el consenso en torno al socialismo y la Revolución en Cuba. Por nuestra parte queda pasar de la política a la acción y ser más proactivos si de comunicación hablamos.