CAMAGÜEY.- Los que a estas alturas sigan creyendo que los acontecimientos en Nicaragua fueron una respuesta espontánea a un controvertido decreto sobre jubilaciones y pensiones, o son unos ingenuos o están interesados en que la verdad de lo que está ocurriendo en este país centroamericano sea manipulada.
Hoy es un secreto a voces que la conspiración contra el Gobierno sandinista consta de larga data y que se inscribe en la agenda de la resucitada Doctrina Monroe para América Latina y el Caribe, con la cual el imperialismo norteamericano espera recuperar el espacio perdido en los años en que gobiernos progresistas y de izquierda, con el impulso de Cuba y Venezuela, comenzaron a establecerse en la región.
Ya en fecha tan temprana como en el 2016, ante el clima de estabilidad política que vivía la nación nicaragüense y los evidentes avances socioeconómicos logrados por el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo como vice durante sus mandatos, para los que fueron electos con notables cifras de votación, y su clara posición antiimperialista, despertó los apetitos de la maquinaria reaccionaria de las autoridades estadounidenses, esta vez representada por un congresista de origen cubano, quienes llevaron a la Cámara de Representantes primero; y al Congreso, después, un proyecto de ley ( Nica Act) para impedir la entrada de préstamos financieros e inversiones extranjeras al país y ahogar así la economía nacional.
En marcha la agenda golpista comenzó a sumar a los agentes del llamado “golpe blando” y dentro de ellos las “inocentes” agencias especializadas en la subversión, de las cuales no podía faltar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras, las cuales, en estrecha colaboración con las entidades de inteligencia, donde no podía dejar de estar la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), comenzaron su labor desestabilizadora en sectores clave de la sociedad nica, entre ellos los de la economía, y con especial interés en los segmentos estudiantiles y juveniles, los pequeños empresarios y otros grupos sociales con el claro objetivo de debilitar el apoyo al Gobierno sandinista.
Paralelamente comenzaron las declaraciones de personeros e instituciones como la OEA acerca de la necesidad del restablecimiento de la democracia en la nación nica, la solicitud del socorrido argumento injerencista del respeto a los derechos humanos, las campañas virulentas de las transnacionales de la información, la notificación de la preocupación de los Estados Unidos por los familiares de su personal diplomático a quienes ha evacuado, y de paso ha tenido a bien recomendarles a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua, todo ello con la intención de acentuar la imagen de inseguridad, caos y anarquía prevaleciente allí.
Aunque se quiere hacer aparecer como detonante la resolución del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que en busca de sostenibilidad económica aumentó la contribución de los trabajadores y de las empresas privadas a la institución, derogada casi inmediatamente por el Gobierno desde hacía ya bastante tiempo, como ha quedado demostrado, la mecha estaba prendida y los grupos delincuenciales, incluidas bandas violentas como los Maras salvadoreños, estaban organizados para actuar de forma vandálica e incluso, utilizando francotiradores, bazucas, morteros y explosivos de fabricación casera, que demandan determinados suministros de componentes que no son de fácil adquisición.
Desde el 18 de abril, en que se realizó la primera protesta, el presidente Daniel Ortega y su Gobierno han estado llamando al diálogo donde participarían las instituciones sociales, los partidos políticos, los estudiantes, la empresa privada y la alta jerarquía católica integrada en el Consejo Episcopal, esfuerzos reconciliatorios que hasta ahora no han tenido una respuesta positiva por la llamada oposición, sino que las acciones violentas se han recrudecido al punto de que ya suman más de 143 los muertos y cientos los heridos.
De las instituciones internacionales invitadas, entre ellas las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA, a sugerencia del Episcopado, para que acompañaran las labores de la Comisión de Seguridad y Verificación creada el 16 de junio en la Mesa de Diálogo Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington un informe parcializado plagado de falsedades, medias verdades, flagrantes omisiones, con la clara intención de culpar al Gobierno sandinista de las víctimas de los hechos vandálicos y los daños causados a la propiedad privada y estatal.
Desde luego que no se podía esperar un proceder honesto y equilibrado de este “brazo” de la Organización de Estados Americanos que, lógicamente, forma parte de la conjura estadounidense para cambiar el régimen sandinista por uno que les sea más dócil e incondicional a su política de hegemonía total en la región.
Por lo pronto, aunque se observan algunos síntomas aislados de apaciguamiento, el diálogo seguía sin iniciarse a la espera, parece ser, de los obispos nicaragüenses que fueron llamados al Vaticano por el Papa Francisco, unos dicen que a consulta y otros a actos litúrgicos, aunque todos conocemos que el Sumo Pontífice ha estado preocupado por la situación en el país centroamericano y a lo mejor es que no quiere “eventualidades” en las negociaciones en las que la Iglesia aparece como mediadora.
