CAMAGÜEY.- El cerco judicial que desde enero del 2016 venía tendiéndose alrededor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de cerrarse en principio, al ratificar el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, la condena que le fuera impuesta por el juez Sergio Moro, con la diferencia de que ahora, en vez de nueve años y seis meses solicitados originalmente, dicho tribunal la elevó a 12 y un mes de prisión.

El calvario de la justicia brasileña contra Lula tuvo sus antecedentes en el mes de marzo del propio 2016, cuando la Fiscalía carioca denunció al exmandatario y a su esposa por supuestos delitos de lavado de dinero y ocultación de patrimonio a los que siguieron otros no menos infundados, todos ellos vinculados al caso Lava Jato que destapó la olla de la corrupción relacionada con la empresa multinacional petrolera Petrobras, que aunque dirigida esencialmente contra el Partido de los Trabajadores (PT) implicó a todos los partidos políticos de la nación.

Demás esta decir, que aunque los tres jueces del Tribunal Regional desestimaron los alegatos de la defensa en cuanto a la falta de pruebas concluyentes para sentenciar a Lula da Silva, el órgano legislativo respaldó unánimemente los alegatos del relator quien no satisfecho con la condena inicial, tuvo a bien elevarla a casi tres años más.

Resulta incuestionable que la persecución judicial contra Lula, quien en más de una ocasión ha declarado su inocencia  en cuanto a los delitos que se le imputan, tiene solo fines políticos dirigidos a sacar de circulación al exmandatario e impedir que pudiera presentarse a las elecciones presidenciales que deben celebrarse este 2018, comicios en los que las encuestas lo dan con una intención de votos cercana al 40% de los electores, muy por encima de sus posibles contendiente.

El hecho de que el Tribunal Regional no haya dado orden de encarcelamiento hasta tanto la defensa de Lula agote todos los recursos de apelación , permitirá al presidente del Partido del Trabajo en libertad recurrir además de a la instancia que lo condenó, al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo Tribunal Federal, período que junto a los alegatos de sus abogados podrían retrasar el proceso y dar tiempo a que el 15 de agosto este pueda registrar su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral.

Desde luego, que ante la consternación por la sanción carcelaria a Lula, la opinión pública brasileña e internacional se pregunta cómo es posible que la justicia haya podido llegar a tal conclusión sin tener evidencias sustanciales en el caso del exmandatario y sin embargo, a las decenas de encartados del panorama político y gubernamental, incluido el presidente de facto Michael Temer, acusados de corrupción, lavado de dinero y otros muchos cargos más, sigue sin ocurrirles nada y mucho menos ir a parar a prisión como les correspondería.

Se dice que la justicia brasileña está “enferma” de politización, fenómeno que no es nuevo en la región si tenemos en cuenta que la persecución judicial de los líderes de izquierda en el área, recordemos el caso de Dilma Rousseff en el propio Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, forma parte de la ofensiva derechista e imperialista para eliminarlos del poder popular que ejercen o como posibles candidatos a las casas de gobierno.

Con independencia de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, Lula se ha encargado de ratificar cuál será su futuro al decir que “la única cosa de lo que estoy seguro es que solo el día que me muera dejaré de luchar” objetivo en el cual podrá contar con la solidaridad de los hombres y mujeres de buena voluntad de este mundo y de la región latinoamericana y caribeña, como lo acaba de ratificar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el que al conocer la injusta condena impuesta al líder del PT le ha reiterado su respaldo ante la feroz persecución política y judicial de que es objeto con el fin de impedir su candidatura a la Presidencia del gigante sudamericano.