CAMAGÜEY.- Si al Congreso de los Estados Unidos le costó tanto trabajo llegar a un acuerdo, poniendo de manifiesto su incapacidad de negociar, a tal punto de que durante tres días se cerraron las operaciones del Gobierno Federal, y miles de trabajadores no acudieron a sus labores estatales, sin percibir salario por falta de fondos para pagarles, no es extraño que, acorde con esta tendencia al desacuerdo, el presidente Donald Trump prefiera en sus diferendos internacionales blandir el uso de la fuerza, y no la del diálogo de la diplomacia.

Me explico. La pugna entre congresistas republicanos y demócratas en cuanto a la aprobación de un presupuesto provisional que le permitiera al Gobierno contar con financiamiento para solventar sus operaciones hasta el mes de febrero, fue la causante del cierre, al no llegar a acuerdo sobre la demanda de los demócratas de una legislación que protegiera a los inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos cuando eran niños, y a los cuales se pretende deportar tras la decisión de Trump de rescindir los fondos que los sustentaban.

La “acción diferida para los llegados en la infancia”, más conocida por DACA por sus siglas en inglés, fue un instrumento aprobado por el Gobierno de Barack Obama en el 2012, concediendo un estatus legal a unos 700 000 inmigrantes que arribaron a los Estados Unidos cuando eran niños y que hoy corren el riesgo de ser declarados ilegales al no contar con los fondos que los protegían como indocumentados.

En los tres días de cierre del Gobierno Federal que ocasionó el diferendo entre demócratas y republicanos al no haber fondos presupuestados para el gasto público, el 40 % de los empleados federales fueron suspendidos sin sueldo, a excepción de los militares, produciendo, además, incontables pérdidas en ingresos a los contratistas privados, a las ventas en los comercios minoristas y a la recaudación fiscal, cuyo monto, de durar una semana, se calcula hubiera ascendido a una pérdida de 6 500 millones para el Estado.

Desde luego que la posición intransigente de los demócratas, de no aprobar el presupuesto provisional para que el Gobierno Federal continuara su funcionamiento normal, como aspiraban los republicanos, no obedece en modo algunos a su predilección por los inmigrantes latinos, sino que estos votantes constituyen la base electoral de este partido, y estamos en un año en que se pondrán en juego las sillas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y resulta oportuno un golpe de efecto que mantenga esa tendencia.

Después de este “tira y jala” en el Congreso, al fin sus integrantes lograron ponerse de acuerdo al comprometerse los líderes republicanos a llevar a disputa en próximas sesiones una legislación que contemplara la demanda de los demócratas de evitar que los inmigrantes protegidos por DACA sean deportados, por lo que la aprobación de un nuevo presupuesto provisional posibilitará el funcionamiento del Gobierno Federal hasta el 8 de febrero para ver entonces qué pasa.

De todas formas el acuerdo pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde seguramente no tendrá dificultad alguna para ser refrendado, ya que aquí predomina la mayoría republicana.

Para la administración federal no son nuevos estos “aprietos” de quedarse sin fondos, pues esta es la segunda vez en menos de cuatro años que le sucede, ya que en el 2013 el cierre parcial provocado por los republicanos al rechazar estos el financiamiento del obamacare duró alrededor de 16 días y le costó al Gobierno unos 24 000 millones de dólares y fueron afectados más de 800 000 trabajadores.

Es decir, que la historia se repite y no se sabe cuántas veces lo hará, porque entre republicanos y demócratas, que no hay dos partidos más parecidos, a veces los intereses grupales ponen en crisis el sistema.