La Paz.- (PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció hoy que personas mueven grandes sumas de dinero para promover conflictos internos con el objetivo de desestabilizar al Gobierno.

Ejemplo de ello -dijo Morales- lo constituyen las movilizaciones financiadas para que un grupo reducido de personas con discapacidad protagonicen protestas callejeras. Morales también criticó a esos discapacitados que agredieron a las fuerzas del orden que resguardan la seguridad ciudadana.

El jefe de Estado recordó que en el pasado, cuando gobernaba la derecha, la policía agredía al pueblo, con balance de heridos y muertos, y ahora que la izquierda está al frente del país, hieren a los agentes del orden.

Ahora como nunca el Estado es la figura más agredida de Bolivia y precisamente es la institución que más trabaja para toda la población, enfatizó Morales.

Recientemente, el representante de la Federación de Organizaciones Comunitarias de Personas con Discapacidad y Deficiencias del departamento de La Paz, Rafael Loza, aseguró que la Organización No Gubernamental (ONG) ADD de Dinamarca, financia la marcha de los discapacitados.

"Yo quiero denunciar públicamente que la ADD es una ONG de Dinamarca con ocho años de permanencia en el país y siempre está disociando y enfrentando al gobierno", aseguró Loza. En esa línea, le pidió al presidente de Bolivia, Evo Morales, que expulse a esa ONG de la nación suramericana. Loza instó a las personas con discapacidad a unirse, y al mismo tiempo los alertó de a no dejarse engañar.

Durante los pasados años, el Gobierno equipó unos 30 centros de rehabilitación y espera habilitar otros 17 en 2016 para individuos con limitaciones físico-motoras.

Desde 2015 se implementaron 22 programas productivos para estas personas en los nueve departamentos del país, con un monto de ocho millones 248 mil bolivianos (un millón 195 mil dólares). Entre ellos figuran panaderías, microempresas de servicios para atender eventos sociales, cultivos hidropónicos, bordados, confecciones y carpintería.

Bolivia promulgó en 2012 una ley para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y deberes en igualdad de condiciones a estos ciudadanos.

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