En tal sentido se pronunciaron los expertos independientes de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, y sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Virginia Dandan, según un artículo publicado en el sitio web de la organización.
Ambos dieron una favorable acogida a la celebración del mencionado referéndum para decidir, por un proceso democrático, el camino a seguir para resolver la crisis económica griega sin deteriorar la situación de los derechos humanos.
Hicieron hincapié en que hay mucho más en juego que las obligaciones de pago de la deuda. Un orden internacional democrático y equitativo requiere la participación de todos los interesados en la toma de decisiones así como el respeto por un debido proceso.
En su opinión, eso se puede lograr a través de la solidaridad internacional y mediante un enfoque de los derechos humanos orientado a la solución de todos los problemas, incluidas las crisis financieras.
Es decepcionante que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea no hayan llegado a una solución que no requiera más medidas de austeridad regresivas, apuntaron los expertos.
Algunos líderes han expresado su descontento con la idea de celebrar un referéndum en Grecia. ¿Por qué? Los referendos están en las mejores tradiciones de la gobernabilidad democrática, recordaron.
A su juicio, nadie puede esperar que el primer ministro Alexis Tsipras renuncie a los compromisos que asumió ante quienes lo eligieron con un mandato claro para negociar una solución justa que no desmantelara la democracia en su país y condujera a aumentar el desempleo y la miseria social.
Por naturaleza, cada Estado tiene la responsabilidad de proteger el bienestar de todas las personas que viven bajo su jurisdicción. Esto abarca la soberanía fiscal y presupuestaria y el espacio normativo que no pueden ser desafiado por actores externos, ya sean Estados, organizaciones intergubernamentales o acreedores, explicaron.
Recordaron que el artículo 103 de la Carta de la ONU establece que las disposiciones de la Carta prevalecerán sobre todos los otros tratados.
Por lo tanto, remarcaron, ningún tratado o acuerdo para un préstamo puede obligar a un país a violar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de la población, ni puede un contrato de préstamo negar la soberanía de un Estado.
La deuda externa no es excusa para no aplicar o violar los derechos humanos o para causar un retroceso en esa materia, pues estaría en contravención de los artículos 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalaron los expertos.
Este es el momento de que la comunidad internacional demuestre su solidaridad con el pueblo de Grecia, respetando su voluntad democrática expresada en un referéndum y actuando de un modo que lo ayude a salir de esta crisis financiera, enfatizaron.
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