BOGOTÁ.- Nuevos asesinatos de excombatientes de la exguerrilla FARC-EP, recortes de presupuesto y denuncias de supuestos planes para atacar a dirigentes del ahora partido político FARC, marcan hoy el proceso de paz en Colombia.
Tras los cerca de tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), cerca de 140 excombatientes fueron ultimados.
Los asesinatos esta semana de Weimar Galíndez Daza y Luis Carlos Yunda, ambos en proceso de reincorporación, son los más recientes casos.
Ambos crímenes ocurrieron en la región del Cauca, una de las que registra la mayor cantidad de asesinatos de exguerrilleros.
Yunda fue víctima de disparos mortales cuando estaba junto a su hermano, quien resultó herido; y Galíndez, de 24 años, fue asesinado en el municipio de El Tambo.
El Estado colombiano no ha logrado garantizar la vida de quienes firmamos la paz. Son 140 compañeros asesinados y 32 familiares, expresó a medios locales de prensa el senador por el partido FARC Carlos Antonio Lozada.
Todo indica que se quiere iniciar una nueva etapa en la eliminación sistemática de quienes firmamos el acuerdo de paz escalando esta situación a integrantes de la dirección del partido, manifestó.
A principios de esta semana también trascendió que de los 90 mil millones de pesos colombianos (unos 30 millones de dólares) que se necesitan para que funcione la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en 2020, el Gobierno aprobó 67 mil millones.
A juicio de Patricia Linares, directora de la JEP, se necesitan los recursos necesarios para funcionar de manera eficaz, dado que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es temporal, de carácter transicional, es decir, con un tiempo muy reducido de duración y un recorte pone en riesgo las metas establecidas.
Otro elemento que sobresalió en los últimos días fue la no comparecencia el 9 de julio ante la Corte Suprema de Justicia del excomandante guerrillero Jesús Santrich, recientemente posesionado como congresista.
Desde la FARC consideraron que lo sucedido va en contravía de los compromisos que tenía Santrich como "dirigente del partido con toda la base nuestra, más de 12 mil hombres y mujeres que siguen apostándole a la paz, pero también a los compromisos que asumimos nosotros con Colombia y con las víctimas luego de la firma de los acuerdos".
El 1 de julio último Santrich abandonó su esquema de seguridad y dejó el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en el municipio de La Paz, departamento de Cesar (noreste).
En ese contexto comienza hoy en Colombia una visita de representantes del Consejo de Seguridad de la ONU a fin de verificar la implementación del proceso de paz.
Hace menos de un mes la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que el actual gobierno colombiano tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena de lo pactado porque "no puede haber vuelta atrás".
