CARACAS.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó el decreto de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, que abre hoy las puertas al enjuiciamiento del diputado opositor.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) -instancia igualmente fuera de la legalidad desde 2016- por quebrantar una medida cautelar impuesta en su contra de prohibición de salida del país sin autorización.
El Ministerio Público impulsa una investigación contra Guaidó debido a que sus acciones de los últimos meses suscitaron hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional.
Durante la sesión celebrada la víspera, el presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, repudió las acciones desestabilizadoras promovidas por el titular del Legislativo con el fin de provocar el derrocamiento del Gobierno legítimo.
"Ellos nos han querido llevar a una guerra, han dicho que no les importan las muertes porque son parte de una inversión. No tienen la más mínima idea de las consecuencias para una nación y un continente de una guerra", precisó Cabello al justificar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
A su vez, la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, señaló que la Asamblea Nacional subvierte el orden constitucional y atenta contra los poderes de la República, al desconocer el presidente Nicolás Maduro, al TSJ, al Ministerio Público, el poder electoral y la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Calificó a Juan Guaidó de "títere del gobierno de Estados Unidos" para cometer crímenes contra el pueblo venezolano y contra la integridad de la nación sudamericana.
En un análisis publicado en el portal de investigación Misión Verdad, la abogada y magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, Ana Cristina Bracho, precisó que la ANC ha asumido varias competencias del Legislativo en virtud del abandono de esta institución con respecto a los principios constitucionales que le imponen obligaciones.
"Entre ellas, la de respetar las decisiones que en el marco de sus competencias toma el Poder Judicial", indicó la experta al recordar que el ente parlamentario se encuentra en situación de desacato desde el año 2016, situación que alteró el equilibrio de los poderes en Venezuela.
"Por estas razones, es la ANC la que recibe la solicitud de allanar la inmunidad parlamentaria de Guaidó, en tanto según el ordenamiento jurídico venezolano le correspondería a la Asamblea Nacional decidir sobre su procedencia", explicó.
"Sin embargo, el golpe de Estado en marcha ha desestabilizado a tal punto el orden constitucional, que el Estado ha tenido que adaptarse a la nueva realidad planteada", precisó la abogada venezolana.
El artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea que los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo.
Bracho explicó que ese beneficio no constituye en modo alguno una protección absoluta, sino la posibilidad de valorar los argumentos que se esgrimen en contra de un diputado, para valorar si estos ameritan que la persona sea presentada a la justicia como cualquier ciudadano.
En agosto de 2018, la Asamblea Nacional Constituyente privó de la inmunidad parlamentaria a los integrantes del Legislativo Julio Borges y Juan Requesens, vinculados al fallido atentado con drones cargados de explosivos contra el mandatario Nicolás Maduro, durante una parada militar en la avenida Bolívar, de Caracas.
Durante una movilización organizada por la oposición el 23 de enero último, Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en acto usurpador y anticonstitucional apoyado de forma automática por el Gobierno de Estados Unidos, en lo que Caracas denominó un golpe de Estado en desarrollo.
El 23 de febrero el diputado opositor abandonó el territorio venezolano a través de la frontera con Colombia para liderar una supuesta operación de ayuda humanitaria promovida por Estados Unidos con respaldo logístico de las autoridades de Bogotá, que generó hechos de violencia en el estado del Táchira.
Luego de salir del país de forma ilegal, Guaidó emprendió una gira por países de América Latina como Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde promovió planes para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, los cuales que incluyen su apoyo a una intervención militar de Estados Unidos contra ese país.
Asimismo, el 28 de marzo último la Contraloría General de la República anunció la inhabilitación política del presidente de la Asamblea Nacional en desacato para ocupar cargos públicos por un período de 15 años, por supuestas irregularidades en su patrimonio.
El contralor general Elvis Amoroso indicó que Guaidó usurpó funciones y cometió acciones con gobiernos extranjeros en perjuicio del pueblo de Venezuela y sus bienes públicos.
La oficina encargada de registros migratorios reveló que Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero por un costo superior a los 300 millones de bolívares (alrededor de 100 mil dólares), donde no existen registros de los recursos empleados para tales fines, señaló Amoroso.
Recientes pesquisas lo vinculan igualmente a una célula terrorista capturada por los órganos de seguridad, así como a una trama de corrupción dirigida a robar fondos del Estado en el orden de los mil millones de dólares.