WASHINGTON.- El decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la posibilidad de obtener asilo por quienes entren ilegalmente al país presenta hoy un nuevo fracaso tras una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Con una votación dividida de 2-1, esa entidad, asentada en San Francisco, California, se rehusó anoche a permitir la medida del mandatario, la cual pretendía rechazar las solicitudes de dicho permiso presentadas por personas que cruzaron sin documentos la frontera con México.

La prohibición de Trump, de hace un mes, es discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir al Congreso, decretó el panel.

“Al igual que nosotros, como se nos recuerda a menudo, no debemos legislar desde el Capitolio, el Ejecutivo tampoco debe legislar desde la Oficina Oval”, escribió por la mayoría el juez Jay Byby, propuesto al cargo por el otrora presidente republicano George W. Bush.

Reportes de prensa apuntaron que Steven Stafford, portavoz del Departamento de Justicia, no comentó al respecto, pero hizo referencia a una declaración previa en la cual se mencionó que el sistema de asilo estaba averiado.

También señaló que la entidad federal seguirá defendiendo el ejercicio legítimo y bien fundamentado de la autoridad del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis en la línea divisoria sur.

A criterio del juez Edward Leavy, discordante del mencionado fallo, el gobierno norteamericano adoptó métodos legales contra los problemas que proliferan en el área limítrofe.

El último 19 de noviembre, el magistrado federal John Tigar, de San Francisco, puso freno de manera temporal a la disposición de Trump, quien justificó la orden con su propósito de evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos.

De acuerdo con la orden del jefe de la Casa Blanca, solo quienes ingresen a territorio norteamericano por pasos fronterizos oficiales pueden solicitar el referido permiso.

Tigar se pronunció tras una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles sostuvo que la ley estipula que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en suelo norteamericano, independientemente de si lo hace legal o no.

Así, Tigar indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, sea o no a través de un puerto de ingreso, puede pedir asilo.

La administración de Trump ha argumentado reiteradas veces que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de garantizar la seguridad nacional.