SAN JUAN, PUERTO RICO.- Las autoridades federales estadounidenses negaron hoy asistencia a damnificados del huracán María en la isla puertorriqueña de Vieques, a menos que permitan la elaboración de un expediente con fotos y huellas dactilares.

El procedimiento, establecido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración de Pequeños Negocios (SBA), está dirigido contra aquellos ciudadanos que lucharon por la salida de la Armada estadounidense de Vieques (oriente), lo que ocurrió el 1 de mayo de 2003, tras poco más de 60 años de agravios al pueblo.

Los ecos de esas seis décadas de resistencia y lucha de la pequeña isla, cuyos habitantes sufrieron los efectos de bombardeos, experimentos y el uso de uranio reducido, ahora se traduce en la represalia de ambos organismos federales.

La vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, aseguró que FEMA y la SBA exigieron, con el apoyo del suspendido alcalde Víctor Emeric, del Partido Popular Democrático (PPD), que no se le brindara ayuda a ningún viequense afectado por el huracán María que hubiera sido arrestado o que de alguna forma participara en la lucha por sacar a la Marina de Estados Unidos.

La denuncia de la exsenadora Santiago parte de una declaración jurada suscrita por Héctor Oliviera, en la cual se establece que aquellos necesitados de asistencia tienen que acudir a la alcaldía de Vieques para brindar su información personal, además de dejar registrada su foto y las huellas dactilares.

Oliviera fue destituido este miércoles de la dirección de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Vieques, por exponer públicamente la situación.

El diputado independentista Denis Márquez aseguró a través de su cuenta de Facebook que Oliviera prestó declaraciones sobre lo ocurrido ante el Ministerio de Justicia de Puerto Rico.

En el testimonio jurado habló de una reunión el 20 de febrero, en la que una portavoz del alcalde aseguró que representantes de FEMA y SBA visitaron la alcaldía y advirtieron que no brindarían ayuda a quienes hubieran sido encarcelados por desobediencia civil o haber luchado por la remoción de la Marina de Guerra de Estados Unidos de los territorios ocupados en Vieques.

Agregó que únicamente se les prestaría ayuda si antes se documentaba su información personal, se le sacaba una foto, y se le tomaban huellas dactilares.
Según la denuncia, todo esto ocurrió en presencia de Emeric, quien presuntamente dijo en esa misma reunión que ya tenía los "cartoncitos" para tomar las huellas dactilares a los viequenses.

Se argumenta que en ese momento, Mike Barandian, representante oficial de la Agencia de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, presente en la reunión, informó que "él es empleado federal y que antes había sido agente federal y no había sido notificado de esa directriz y entendía que la misma constituía persecución selectiva".

En la reunión se encontraba el personal de FEMA y al indagarle sobre la directriz impartida por la portavoz del alcalde Emeric, los representantes de FEMA no quisieron entrar en el tema.

Oliviera, quien además fue testigo de manejos cuestionables de la ayuda que llegó a Vieques para hacer frente a los destrozos provocados por el huracán, fue despedido en la víspera, mientras el fiscal especial independiente que investiga al alcalde reclamó su restitución ya que es testigo colaborador.