LA HABANA.- El gobierno de Cuba continúa hoy con la implementación y actualización de la política migratoria para adaptarla a los tiempos que corren y garantizar que ocurra de manera legal, ordenada y segura.

Tal empeño se mantiene a pesar de la hostilidad de la nueva administración de Estados Unidos y la puesta en marcha de medidas que entorpecen el flujo de personas entre los dos países.

El 14 de enero se cumplieron los primeros cinco años desde la entrada en vigor de cambios trascendentales en este campo: un grupo de decisiones establecidas en 2013 para facilitar los viajes desde y hacia la isla de los cubanos y fortalecer la relación de la mayor de las Antillas con su emigración.

Siempre- subraya el diario Granma- bajo el principio de que dichas medidas se toman por decisión soberana del Estado y no responden a presiones ni imposiciones de nadie.

De acuerdo con la práctica establecida, este es un proceso que no solo toma en cuenta las opiniones de los residentes en el país, sino también los de la comunidad cubana en el exterior.

Como demuestra la continua actualización de la legislación vigente y el análisis de nuevas medidas, existe una firme voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de Cuba con sus ciudadanos residentes en el exterior.

De acuerdo con las cifras disponibles, el impacto social y los comentarios recibidos por diferentes vías sobre los cambios introducidos desde el 2013 fueron bien recibidos por los cubanos donde quiera que estén.

Asimismo, las autoridades competentes aseguran que su implementación a lo largo de este lustro transcurrieron con normalidad.

Sin embargo, el principal obstáculo para la completa normalización de las relaciones migratorias de Cuba con el mundo sigue llegando desde Washington, enfatiza el rotativo.

Existe -recuerda Granma- una larga historia de la manipulación de los flujos de personas para utilizarlos como un arma contra la Revolución, práctica que ha costado vidas humanas y promovido la trata y el secuestro de barcos y aeronaves, entre otras acciones ilegales.

El gobierno del presidente Donald Trump adoptó medidas unilaterales e injustificadas que afectan el funcionamiento de su embajada en La Habana y la misión diplomática cubana en Washington, bajo el supuesto argumento de ataques acústicos sobre los cuales no existe evidencia alguna.

Como parte de esas acciones, el Departamento de Estado redujo drásticamente su personal en la embajada y suspendió de manera inmediata y completa la emisión de visas en su consulado, lo que afecta directamente el derecho de los cubanos a viajar, e incluso, a emigrar.

En paralelo, el gobierno estadounidense tomó la decisión irreflexiva de expulsar de su territorio a 17 funcionarios cubanos de la misión en Washington, incluida una parte importante del personal del consulado.

Esta medida, con eminentemente carácter político, tiene un impacto negativo en los servicios consulares y dificultará -por encima de la voluntad y del mayor esfuerzo que están realizando los funcionarios que permanecen en Washington- los viajes a nuestro país de los cubanos residentes en Estados Unidos, enfatiza el órgano oficial.

Los nuevos procedimientos elevan aún más los costos para los cubanos y sus familiares y no se ofrece ningún tipo de garantías de que el trámite vaya a resultar efectivo, generando un lógico malestar.

A pesar de ese nuevo escenario, las medidas recientes adoptadas y la implementación de los cambios anunciados en el 2013 demuestran que el camino emprendido por Cuba en materia migratoria es continuo e irreversible.