LA HABANA.- Las medidas del gobierno estadounidense anunciadas por los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio, confirman el serio retroceso en las relaciones bilaterales, como resultado del cambio de política hacia Cuba anunciado por el presidente Donald Trump, aseguró Josefina Vidal Ferreiro, directora general de Estados Unidos de la Cancillería.

La funcionaria dijo que implican un recrudecimiento del bloqueo y de la prohibición a los ciudadanos norteamericanos de viajar a Cuba.
Agregó que algunas de los anuncios no ocultan su trasfondo subversivo, como el que alienta a los viajeros a realizar actividades de este tipo para justificar la legalidad de su estancia en la Isla.

El objetivo de las nuevas regulaciones de Washington, apuntó, es dañar a la economía y sus actores estatal y no estatal, y al propio tiempo afectarán a los ciudadanos estadounidenses, quienes son los únicos en el mundo que no pueden venir a Cuba libremente.

Tienen un propósito declarado de afectar el turismo y la economía, subrayó Vidal Ferreiro en conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana.

Los empresarios de esa nación perderán oportunidades interesantes de negocios en la mayor de las Antillas, ya que su gobierno no otorgará licencias para realizar determinados negocios aquí y perderán espacios frente a la competencia, subrayó.

Comentó la lista que publicó el Departamento de Estado que calificó de arbitraria, e invitó a revisarla minuciosamente pues incluye a una diversidad de entidades cubanas, supuestamente vinculadas, de manera infundada, a los sectores de la defensa y la seguridad.

Dijo que entre otros organismos y entidades en la lista están el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria, las Tropas Guardafronteras, y empresas, sociedades anónimas, la Zona Especial de Desarrollo Mariel y su terminal de contenedores; así como más de 80 hoteles en toda Cuba, agencias de viaje y tiendas.

La lista llega al colmo de incluir a marcas comerciales de refrescos como TuKola y Cachito o un servicio de fotografía como Photo Service, ironizó la diplomática, quien apuntó: en lo adelante ningún ciudadano norteamericano o compañía de ese país podrá tener ningún tipo de transacción directa con esas entidades.

Según el Departamento de Estado, la lista será revisada periódicamente por lo que no se excluye sumen a otras empresas.

Las nuevas decisiones, ya habían sido adelantadas por el mandatario Donald Trump el pasado 16 de junio, cuando firmó el llamado Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para el fortalecimiento de la política de EE.UU. hacia Cuba, una directiva ejecutiva que dio un giro al acercamiento entre las dos naciones que comenzó en 2014, y llevó al establecimiento de las relaciones diplomáticas en julio de 2015.

Las regulaciones que entrarán en vigor este jueves limitan, aún más, las exiguas relaciones en esferas tales como las transacciones financieras, el comercio y los negocios, y los conocidos viajes de estadounidenses por los llamados intercambios pueblo a pueblo.

De igual forma se prohíben los viajes individuales, bajo las 12 categorías generales aprobadas por el gobierno de Barack Obama, y se establecen regulaciones que solo permitirán los viajes para intercambios académicos y otros de manera muy limitada.

El Presidente norteamericano no autorizará los viajes con fines no académicos y las personas que viajen a la Isla tendrán que hacerlo bajo el amparo de una organización que los represente, y con un guía o responsable que fiscalice las actividades en Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, será la encargada de velar por ello y exigir que todos los viajes educativos no académicos se lleven a cabo bajo los auspicios de una organización que esté sujeta a la jurisdicción de EE.UU.

Igualmente, la OFAC exigirá que cada estadounidense que viaje a la Isla bajo el programa “de apoyo al pueblo cubano”, tengan definidas las actividades a realizar a tiempo completo, con los fines ya declarados en la nueva política de apoyar supuestamente a la sociedad civil, en una clara alusión a los otrora denunciados programas de subversión.