En este nuevo escenario una de las políticas desarrolladas por la banca en la Isla se centra en al financiamiento al sector no estatal, donde se incluyen los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, los agricultores pequeños, artistas y otros formas de gestión.

Tanto el Banco Popular de Ahorro (BPA) como el de Crédito y Comercio (Bandec) en Camagüey asumieron la tarea desde la implementación del Decreto Ley 289 en el 2011, sin embargo, la experiencia pronto demandó transformaciones y este último tomó la delantera en ofrecer las nuevas facilidades al sector emergente.

Así, el 2014 trajo consigo la autorización de un límite de financiamiento para el cual no se exigiría la garantía adicional. Aunque en un inicio fue de 10 000 CUP, actualmente se eleva a 20 000, a la vez que se redujo la cuota mínima a solicitar de 3 000 a 1 000 pesos.

“La práctica también nos demostró que había que tramitar mucha documentación y que a las personas les pesaba acercarse a nuestras oficinas, entonces se disminuyó el papeleo y salimos a buscar a los clientes y a hacerles los trámites en sus domicilios a través de los gestores de negocios”, comentó a Adelante digital José Antonio Álvarez Corrales, gestor A de negocios bancarios en Bandec y especialista que atiende la tramitación de financiamientos al sector no estatal en la provincia.

Asimismo, aclaró que a pesar de que esta opción prescinde de las garantías adicionales: fiador solidario, cuentas de ahorro, vehículos, ganado mayor, casa de veraneo, solares yermos y joyas, entre otras; esto no significa que no exija garantías, que en este caso serán los ingresos que genera la actividad y una cuenta contratada en el momento de otorgar el financiamiento en la cual, junto a las cuotas mensuales, se deposita otra suma que beneficia al propio cliente como ahorro y como garantía presente o para financiamientos e inversiones futuras.

Esta modalidad deja fuera a aquellos que necesitan un capital inicial (opción que sí brinda el BPA) pues como mínimo se exige una estabilidad de cuatro meses de ingresos para valorar si estos respaldan la solicitud, que puede ser tanto para inversiones (medios y equipos) como para capital de trabajo (materias primas), y en cualquiera de los casos el banco se reserva la prerrogativa de hacer sus investigaciones y aprobarlos o no, a pagar en un período de entre 3 y 5 años el primero y de hasta 1 año y medio el segundo.

“Continuamos estudiando variantes para generar facilidades a nuestros clientes y atraerlos más, pues en la provincia solo hemos otorgado un poco más de 200 financiamientos ascendentes a 2,8 millones de pesos, y estamos en condiciones de continuar ampliando esa cartera”, aseguró el especialista.

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