CAMAGÜEY.- No es un caso aislado. Ni lo será. Israel Rojas, cantante, compositor y voz líder de Buena Fe, una de las más prestigiosas agrupaciones cubanas, escribió en las redes sociales, que oponerse a la Helms Burton, al bloqueo económico y financiero que nos hace tanto daño es lo ético. Lo martiano”.

Además, planteó, queestá primero que el resto de los desmadres internos, que también hay que acusar y combatir. Porque además, muchos de nuestros horrores internos son hijos de la hostilidad externa”. Y apostilló: “Cada cual es dueño de su voz y de sus silencios”.

Cientos, miles, millones de personas en el mundo censuran la activación del Título III de esa Ley, cuya finalidad es, ya se sabe, descoser el proyecto social cubano, pues nuestro país deviene “mal ejemplo” según la Casa Blanca, pues de sobra se sabe cuáles son sus intereses hegemónicos en el área.

Tan temprano como el 13 de octubre de 1960, el Consejo de Ministros acordó la aprobación de la Ley No. 890 de las Empresas y la Ley No. 891 de los Bancos, con la cual el Gobierno Revolucionario cubano adoptó una de las decisiones más trascendentes para su independencia económica: su nacionalización, hecho que frustraba cualquier intento imperial de realizar maniobras con los intereses privados y foráneos con el marcado objetivo de obstruir el proceso naciente.

Empero ya desde septiembre de ese propio año, los principales bancos en Cuba habían pasado a manos estatales.

¿Qué se argumentó para este ejercicio de total independencia?

Entre otras cuestiones, que “uno de los instrumentos más eficaces de la intromisión imperialista en nuestro desarrollo histórico ha estado representado por el funcionamiento de los bancos comerciales norteamericanos, los cuales han servido de vehículo financiero para facilitar la actuación monopolista de las empresas norteamericanas en Cuba y para la invasión masiva del país por el capital imperialista, a través del crédito usurario que, lejos de facilitar nuestro crecimiento económico, propició, en épocas de crisis, innumerables procesos judiciales que culminaron en la absorción, por parte de ese capital imperialista, de las riquezas nacionales”.

Ahora, este día, las actuales generaciones de trabajadores bancarios de la ciudad de Camagüey unieron voces para sellar su repudio a la oprobiosa ley, nacida bajo el liderazgo político de Bill Clinton, quien con ello pretendió hacerle un “guiño” político a la mafia cubano americana estancada en la Florida.

Alfredo Aguilar, jubilado del sector, recordaba en sus palabras, que la Nacionalización tuvo en aquel entonces un sistema de compensación aceptado, menos por los norteamericanos, quizás embriagados con la posibilidad de la caída temprana de la Revolución. Pero se llevaron un enorme fiasco, y ahora pretenden exigir remuneraciones.

Yurisbel López, de las nuevas generaciones de este importante sector, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, reiteró el compromiso de su generación en elevar la calidad en los servicios, coadyuvar a la bancarización de todo el proceso en sus entidades, así como eliminar trabas y burocracias innecesarias en sus unidades.

El sábado 15 octubre de 1960, el entonces Primer Ministro, Fidel Castro, compareció en un programa especial de Ante la Prensa para responder las interrogantes de un panel de periodistas, entre los que figuraba una figura prominente y lúcida: Carlos Rafael Rodríguez.

En aquel momento, dijo que “nacionalizar quiere decir pasar a poder de la nación”. Días más tarde, con la Resolución No.3 del 24 de octubre de 1960, Cuba concluyó el proceso de transición hacia una propiedad socialista y asestó un golpe letal al capital norteamericano y a los burgueses de la Isla.

Síntesis de la Helms-Burton

Se ordena su publicación el 3 de marzo de 1996, y el 12 del propio mes, el presidente Clinton firmó y puso en vigor la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Indiana, Dan Burton, quien, por cierto, ha sido promotor del movimiento de extrema derecha estadounidense que llevó a Trump al poder, el conocido como el Tea Party.

El pasado 16 de abril de 2019, según el The Wall Streat Journal la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, enviaron una carta al secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, en la que expresaron sus "grave preocupación" por las recientes decisiones de Washington de reactivar el título III de la ley Helms-Burton.

La entrada en vigor del Titulo III supone que las empresas extranjeras que operen en instalaciones o con bienes confiscados durante la Revolución, podrán ser denunciadas en tribunales de EE.UU, lo que provoca conflicto de intereses con compañías de la Unión Europea y Canadá, dos de los principales socios económicos de la Isla en áreas como la minería, el comercio y el turismo.

Como contramedida, la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas —Ley 80— declara “ilícita la Ley Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno” en su Artículo 1, por lo que resulta nula toda reclamación sustentada en ella, de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

Esta ley protege a los empresarios extranjeros que invierten en Cuba y les ofrece total garantía jurídica ante la activación del Título III de la Helms-Burton.

“Sobre principios como los establecidos en la Ley 80 de 1996, nuestro Gobierno garantiza que ninguna ley extranjera impedirá la utilización en beneficio del pueblo cubano de las propiedades que en su momento fueron nacionalizadas mediante leyes que guardaron total apego a las normas del derecho internacional, y que ningún tribunal, en ningún lugar del mundo, puede desconocer impunemente”, dijo recientemente a medios de prensa Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en La Habana.

Su marcada extraterritorialidad la hace ilegítima e inaceptable. En Cuba se despidieron, hace más de 60 años, los tiempos en que desde Estados Unidos se decidía la vida en este país.

Do you understand, Trump?