CAMAGÜEY.-  La provincia más extensa de Cuba, uno de los cinco territorios con mayor número de personas incorporadas a las disímiles modalidades del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) en el país, perfecciona los requisitos originales para la aplicación de la nueva política y disposiciones de esta forma de empleo legal que entrarán en vigor el venidero 7 de diciembre.

Más de 34 700 cuentapropistas participan en las diferentes variantes del empleo no estatal, con mayor participación en los municipios cabecera provincial, Florida, Guáimaro, Nuevitas y Minas, con más incidencia aparecen: contratados, cocheros, agentes de comunicaciones, productores-vendedores de artículos varios para el hogar, bicitaxistas, mensajeros... encabezan el documento de control expuesto al Órgano del Consejo de la Administración en Camagüey por Martha Adán, directora de Trabajo y Seguridad Social aquí.

La diputada Isabel González Cárdenas, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Camagüey, insistió en estrechar los vínculos de los organismos y los sindicatos afines a los distintos sectores a los que pertenecen los cuentapropistas; escuchar sus inquietudes, resolverlas, aclararles las dudas y facilitarles sus desempeños a quienes cumplen los requisitos legales para ejercer esta vía laboral en la cual participa más de medio millón de cubanos, para lo cual, reiteró, la necesidad impostergable de elevar la cantidad de asistentes a los seminarios de capacitación impartidos en los 13 municipios camagüeyanos, cuyos contenidos socio-político, económico y jurídico, contribuirán a conocer y actuar en consecuencia con las nuevas disposiciones que se aplicarán a partir del 7 de diciembre.

Los municipios de Camagüey, Florida y Santa Cruz del Sur, aparecen en el informe como los territorios de menor número de capacitados, aunque los restantes distan aún de los porcentajes planificados hasta la fecha de acuerdo con la cantidad de inscriptos en el TCP.

Sin embargo, la Presidenta de Gobierno orientó a las instituciones competentes a enfrentar y erradicar las ilegalidades e indisciplinas sociales que atentan contra el mejor funcionamiento del trabajo por cuenta propia, como la violación de requisitos y documentos de autorización legal para realizar cualquiera de sus actividades de servicios o económicas.

El Órgano gubernamental, además, se pronunció por apoyar el trabajo sistemático, necesario y coordinado entre las entidades provinciales y organismos para fortalecer la legalidad y los resultados del TPC, con la cooperación de los propios cuentapropistas para evitar que elementos detractores evadan impuestos, desvien recursos estatales, expendan alimentos a la población sin los requisitos higiénico-sanitarios exigidos y esquiven las regulaciones previstas para cada una de las diferentes modalidades de empleo, entre otras irregularidades descritas.