La ciudad de Guáimaro, enclavada en Camagüey, región centro oriental del país, se antojaba idónea por su posición geográfica y fue escogida para realizar la Asamblea Constituyente de la República en Armas y su Carta Magna, lo cual se concretó del 10 al 12 de abril de 1869 en una reunión presidida por Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de la guerra independentista en el Oriente del país el 10 de octubre de 1868.

Documentos recogen que la primera Constitución cubana fue votada y aprobada el propio día 10 de abril y estuvo vigente hasta el 15 de marzo de 1878, coincidente con la histórica Protesta de Baraguá, la respuesta corajuda de Antonio Maceo al impuesto fin de la campaña, en tanto la
presidencia de la República en Armas fue ocupada por Céspedes a partir del 12, jornada final del cónclave.

Acompañaron al Presidente, Salvador Cisneros Betancourt como vicepresidente y al frente de la Cámara de Representantes, de gran poder, e Ignacio Agramonte, como Secretario de Guerra, ambos de Camagüey.

Para llegar al innegable suceso histórico de la creación de la república cubana beligerante, en un intento urgente de lograr la unidad de todos los participantes y la aprobación de la primera Constitución, se intentaron solventar profundas diferencias entre los representantes de los
bandos central, que además sumaban a los patriotas de Las Villas, y los del Oriente.

La vida demostró que las manifestaciones de regionalismo, desunión y diferencias de criterios se atizaron con el tiempo, se convirtieron en envidias, rencillas, conspiraciones, infamia y traición, y dieron al traste con la primera gesta de la campaña emancipadora. Con la salvedad de la actuación de los más valiosos padres fundadores.

Sin embargo en modo alguno fue negativo el saldo general de esos pasos primigenios. Hubo mucho pensamiento justiciero, luminoso y avanzado en la letra de la Constitución aprobada. Eso enorgullece a los cubanos. Y los errores cometidos se convirtieron en lecciones de las que hubo que aprender.

En Guáimaro, el Padre de la Patria y el Oriente preconizaron la existencia de un gobierno centralizado, de un mando único, que afectaban al prestigio internacional del movimiento independentista cubano, algo que no solo ponía obstáculos a la eficacia de la insurrección, sino que también dañaba el prestigio internacional.

Ignacio Agramonte, con el respaldo total de los insurgentes camagüeyanos y villareños, propuso la fundación de un gobierno republicano, con separación de los poderes militar y civil, con la supremacía del poder civil por encima del militar.

Esta fórmula podría entenderse en condiciones normales como más democrática e inclusiva, pero la evolución de los acontecimientos demostró que no era lo mejor en casos de insurgencia.

Es una verdad histórica e innegable que Carlos Manuel de Céspedes fue el prócer que mayores concesiones tuvo que hacer en esas circunstancias, a pesar de que luchó por sus concepciones de manera principista, muy propio de su proceder intachable.

De modo que no sin el desarrollo de hondas tensiones y pasiones, el Iniciador depuso su criterio en aras de la unidad, dando carta blanca a la corriente de camagüeyanos y villareños.

El joven abogado Ignacio Agramonte, autor principal del proyecto de Constitución, tuvo un desempeño brillante en lo allí sucedido, también marcado por su integridad personal y el principismo que siempre rigió su corta existencia hasta su muerte heroica en los campos de batalla.

En las sesiones de la Asamblea Constituyente sucedió algo especial, la lectura de una misiva escrita por la patriota Ana Betancourt, en la que defendía el derecho de las mujeres a la igualdad y el cese de la explotación femenina, y a luchar por la libertad de la Patria en todas las vertientes posibles, incluso como combatientes.

Volviendo a la Carta Magna, se aprobó la división en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la creación de una Cámara de Representantes para la dirección de las acciones.

No hay dudas de que la primera Constitución brilló refulgente cuando refrendó que todos los habitantes de la República eran enteramente libres, con lo cual se hacía justicia de un principio proclamado por Céspedes, el de la abolición de la esclavitud, condición insoslayable para la fundación de una nación y un pueblo enteramente soberanos.