La mesa electoral, integrada por conocidos vecinos, buscará nuestro nombre en un registro previamente confeccionado. Votaremos solo por uno de los candidatos, por libre elección. También conocido y mucho más ahora, después que hace unos días tuvimos la oportunidad de leer su biografía o escuchar la argumentación de su propuesta, si coincide con el que recientemente nominamos en nuestra área. En cuestión de minutos, habremos ejercido el democrático y trascendente derecho de votar, que es equivalente a gobernar, por intermedio de quienes nos representarán.

Si lo deseamos, al cierre del colegio, podremos presenciar el escrutinio y más tarde conocer los resultados de la votación. Si no hay necesidad de segunda vuelta, ese día habremos elegido al delegado de nuestra circunscripción, también nuestro representante a la Asamblea Municipal, máximo órgano de poder en ese nivel, al que accederemos en su momento por medio de los procesos de rendición de cuenta del delegado a sus electores.

Es de tal magnitud nuestra decisión, que ese, nuestro elegido, cuando se constituya la Asamblea Municipal del Poder Popular pudiera resultar como su Vicepresidente o Presidente, según la votación a que será sometido entre los delegados, en caso de ser escogido como candidato a uno de esos cargos.

Todo parecerá así de simple, aun cuando estemos ejerciendo un derecho refrendado en el artículo 21, incisos del 1 al 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948, convertido en norma jurídica por nuestra Constitución Socialista y la Ley Electoral No. 72 y hecho posible gracias al programa del Moncada.

El derecho al sufragio universal, activo y pasivo, significa el derecho de todos los ciudadanos a elegir y a ser elegidos, sin distinción de raza, sexo, creencia religiosa o posición social, expresado mediante voto libre, igual y secreto en elecciones auténticas y democráticas como las que efectuaremos este 19 de abril.

Nuestra legislación al respecto es clara y sencilla, al definir que tienen ese derecho todos los ciudadanos cubanos, hombres y mujeres, a partir de los dieciséis años, incluidos los integrantes de las instituciones armadas, siempre que se encuentren en pleno goce de sus derechos políticos. Es inviolable, sin embargo, el requisito de haber cumplido dieciocho años de edad para las personas propuestas a ser elegidas como Diputados a la Asamblea Nacional. También se requiere de la condición de residente permanente en el país por dos o cinco años antes de las elecciones, para ejercer el derecho a elegir o resultar elegido, respectivamente.

La Ley Electoral únicamente excluye de los procesos electorales a las personas incapacitadas mentalmente, previa Declaración Judicial, a los que se encuentren cumpliendo sanciones de privación de libertad u otras que se hayan aplicado en sustitución de aquellas, así como a los ciudadanos que estén extinguiendo sanciones de privación de sus derechos políticos por sentencia firme de los tribunales, solo durante el tiempo establecido por estas.

Pero una verdadera democracia no se consigue solo otorgando derechos, sino también garantizando a sus ciudadanos la capacidad para ejercerlos a plenitud.

Por eso el 19 será tan sencillo. Asistirá a las urnas una población de electores instruidos, de mujeres socialmente emancipadas, de jóvenes interesados en su proyecto social, de militares que son el pueblo uniformado, de gente del campo o la ciudad, de niños, que aunque no votan, custodian las urnas y enaltecen nuestro proceso electoral.

Será así de simple el sufragio universal. Así de sencillo, porque somos y seremos un pueblo que gobierna, un pueblo que conduce sus destinos, un pueblo en Revolución.

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