Cuba es el único país del mundo donde la vida de enfermos, incluyendo niños, puede correr peligro de muerte por falta de medicamentos específicos que se producen en Estados Unidos, a causa del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, que aplica rigurosamente Washington desde octubre de 1960, bajo el pretexto de las nacionalizaciones de compañías yanquis, realizadas por la Revolución.

La doctora Aleida Guevara March declaró en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, recién concluido en Sochi, Rusia, lo doloroso que resulta tener un paciente y no poder adquirir el medicamento que lleva su padecimiento, en un contexto en el que de 10 medicinas nuevas ocho son de patente estadounidense y para adquirirlas se requiere de cinco o seis intermediarios. He ahí un ejemplo que no se puede cuantificar, en el cual se palpan las consecuencias desgarradoras de esa política genocida.

Para el destacado intelectual cubano, recientemente fallecido, Fernando Martínez Heredia, esa temprana política de EE.UU. contra Cuba, que tuvo agresiones de todo tipo y extensos planes terroristas y subversivos, se mantiene porque la Revolución cubana “constituye el peor ejemplo para los pueblos de América y el mundo , de que es factible liberarse y establecer sociedades con libertades, justicia social, soberanía y bienestar de las mayorías.”

El bloqueo contra La Habana se ha mantenido durante casi 60 años por 11 administraciones, con afectaciones severas a la salud, la biotecnología, el turismo, el transporte, la minería, las energías renovables y las telecomunicaciones, entre otros sectores, calculado en daños a la economía por 822 mil 280 millones de dólares.

En 1996, se adoptó por el Congreso de Estados Unidos la Ley Helms-Burton que cerró todas las brechas que quedaban en ese cerco a la Isla y extendió las acciones contra terceros países relacionados con la Antilla Mayor, amplió un programa de acciones subversivas e incluyó mantener del bloqueo contra un hipotético gobierno que surja tras la derrota de la Revolución, si no accede a complacer las reclamaciones ante tribunales estadounidenses de antiguos dueños de la riqueza nacional, inclusive cubanos expropiados tras el triunfo de la Revolución.

La Helms-Burton no fue cambiada durante el pasado proceso de normalización de relaciones de la anterior administración norteña, a pesar del reclamo casi unánime de la comunidad mundial desde 1992, cuando por primera vez se presentó por Cuba ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución que demanda el fin del bloqueo contra la ínsula, donde se hizo patente ese apoyo.

En 2016 el documento cubano recibió el respaldo de 191 de los 193 estados miembros de la ONU y solo EE.UU. e Israel se abstuvieron.

La actual administración del presidente Donald Trump pretende acabar con las medidas emprendidas por su antecesor y el 16 de junio pasado, ante una regocijada representación de la mafia cubanoamericana, hizo público el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba", que entre otras medidas se dispone a recrudecer el bloqueo y llevar al mínimo posible las relaciones entre ambas naciones.

Con estas decisiones, el mandatario asegura ser el inquilino número 12 de la Casa Blanca en reincidir en el error de intentar doblegar al pueblo cubano con una política criminal repudiada por el orbe.

Muchas voces se alzan en reclamo al fin de la genocida política, que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, tal como reiterará en noviembre próximo la Isla cuando presente en la Asamblea General de Naciones Unidas su proyecto de Resolución que reclama el fin de este engendro de maldad.