CAMAGÜEY.- Hace un cuarto de siglo que el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, sobre la resolución 69/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido sometido a votación en el seno del cónclave —en 1991 se presentó por primera vez y posteriormente retirado por las presiones yanquis sobre muchos países—, de entonces acá la historia ha cambiado en lo que a recrudecimiento de la política se trata, con el saldo positivo de que el número de naciones solidarias se ha incrementado a favor nuestro, hasta que el pasado año los propios Estados Unidos y su fiel aliado Israel decidieron abstenerse.

La historia de este crimen contra nuestro país no puede olvidarse jamás.

Cuando triunfó la Revolución Cubana el 1ro. de Enero de 1959 comienza el desarrollo de la denominada democrático-popular, agraria y antiimperialista, con la adopción de medidas que respondían a los intereses del pueblo. Las primeras leyes dictadas por nuestro joven Gobierno, especialmente la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo, se concretaron en la intervención del Estado en la actividad de una serie de empresas, tanto de la burguesía cubana como yanquis. Acuerdos suscritos por los regímenes anteriores fueron revisados, sobre todo, en el campo de las concesiones a las industrias extractivas de la minería y el petróleo.

En mayo de ese mismo año se produce uno de los primeros atisbos de lo que posteriormente sería el bloqueo cuando las compañías norteamericanas ESSO STANDARD OIL y TEXACO OIL, junto a la británica SHELL abandonaron el refinamiento y la importación del petróleo, en un intento de paralizar nuestra economía con la negativa de realizar esta importante tarea con los primeros buques soviéticos que arribaban a nuestros puertos, situación ante la cual se decretó la intervención de las referidas instalaciones y se asumió su funcionamiento por cuenta nuestra.

El 6 de julio de 1960 se establecieron las bases jurídicas para la expropiación de los monopolios yanquis en nuestro territorio, lo que desencadenó una abierta agresión económica contra Cuba.

Al amparo de facultades excepcionales otorgadas por el Congreso norteamericano, el presidente Eisenhower decretó la reducción abrupta de la cuota del azúcar cubana a exportar a ese país, hasta unas 700 000 toneladas, una disminución significativa de nuestra principal fuente de ingresos.

Pero la Revolución no se amilanó y el 6 de agosto siguiente se dispuso la nacionalización de los monopolios yanquis de la electricidad, el teléfono y la refinación del petróleo, esta última ya intervenida, además de nacionalizar 36 centrales azucareros pertenecientes a 21 empresas yanquis, paso importante en la liquidación del dominio imperialista sobre nuestra base económica.

La burguesía cubana no se cruzó de brazos y se dedicó a sabotear las producciones donde desempeñaban un rol protagónico, además de enviar grandes sumas de dinero al exterior de manera clandestina.

El 2 de septiembre el pueblo protagonizó la Primera Declaración de La Habana en la que nuestro Comandante en Jefe condenó la explotación del hombre por el hombre, y la de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialista.

Una cadena de acciones comienza a afianzar el poder revolucionario: el 17 de septiembre se nacionaliza la banca norteamericana, el 13 de octubre los bancos y las empresas comerciales e industriales de la burguesía nacional y simultáneamente se produjo la nacionalización del resto de la banca extranjera, y el 14 de octubre, se promulgó la Ley de Reforma Urbana.

Ante el avance de la Revolución el Gobierno norteamericano establece oficialmente el bloqueo económico a nuestro país, adoptando como primera medida la eliminación total de la cuota azucarera cubana de su mercado. Días después cortaron los créditos a los bancos cubanos y congelados nuestros fondos en divisas en bancos estadounidenses.

Las exportaciones de maquinarias, de piezas de repuesto y de cualquier tipo de medicamento fue prohibida por el Gobierno norteamericano, incluyendo alimentos y medicinas, extendiendo su política a empresas subordinadas a sus monopolios, presionaron a sus aliados para que rompieran sus relaciones comerciales con nosotros, y llegaron a decretar el cese de su ayuda a aquellos países que nos prestaran cualquier tipo de colaboración.

Ante tal embestida, la Revolución cubana adoptó la medida de nacionalizar el resto de las empresas norteamericanas que, de importancia secundaria, aún quedaban en nuestro territorio.

El 23 de febrero de 1961 Cuba decide establecer el control estatal del comercio exterior e inmediatamente los yanquis enuncian la prohibición, según decreto del Departamento del Tesoro, de la entrada a Estados Unidos de productos metálicos que contuvieran níquel cubano, y posteriormente de cualquier producto de origen cubano, aunque fuese fabricado en cualquier otro país.

Para 1964 aprueban una enmienda a la Ley de Ayuda Exterior, mediante la que solicitan a los países que reciben su ayuda que tomen las medidas apropiadas que impidan a sus navíos y aviones de transporte hacerse cargo de mercancías con destino a Cuba, lo que desembocó en actos piratescos y criminales, con ataques a embarcaciones destinadas a nuestras operaciones comerciales, de los que se pueden citar numerosos ejemplos como el hundimiento del barco Oriente, el español Sierra de Aranzazu, ametrallado cuando transportaba juguetes para los niños cubanos, el sabotaje al Lidia Doce cuando zarpaba de Canadá cargado de mercancías.

A partir del derrumbe del campo socialista durante los años ’90 del pasado siglo, la política de bloqueo del imperialismo se recrudeció contra nuestro país.

Enmiendas y leyes como la Toricelli y la Helms Burton, o el Plan Bush, avalados por la mafia cubana radicada en Miami han hecho cada día, cada hora, todo tipo de esfuerzos y presiones para que los cubanos de aquí, los que estamos al lado de la Revolución, y hasta los que permanecen en ésta, su patria, únicamente por amor a la tierra en que nacieron, sucumbamos por hambre y enfermedades.

El 17 de diciembre del 2015 y durante su visita a nuestro país en marzo del pasado año, el expresidente norteamericano Barack Obama declaró su disposición a involucrarse en un debate con el Congreso para levantar el bloqueo, por considerarlo “obsoleto”, sin embargo, muy poco o nada hizo al respecto.

Por su parte, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump el 16 de junio pasado firmó el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”, directiva que establece una nueva política encaminada a recrudecer el bloqueo contra nuestro pueblo.

Por casi 60 años los perjuicios ocasionados por esta brutal represión yanqui se calculan que ascienden a 822 mil 280 millones de dólares.

Con acierto, el informe que el próximo 1ro. de noviembre sobre la Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba expondrá nuestro país en la Asamblea General de las Naciones Unidas: ¨El bloqueo sigue siendo una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos …continúa vigente y se aplica con todo rigor”.