El colectivo del punto de venta de materiales de la construcción del reparto Previsora, perteneciente a la Empresa de Comercio Minorista, pasó la amarga experiencia en abril y mayo y ahora vino a recuperarse. Los trabajadores llevaron dos meses percibiendo $225.00 y sin una explicación que los convenciera. Los ingresos llegaron en junio a 700 pesos.
Los primeros meses del 2015 el saldo fue favorable, según Oscar Maceda Hernández, el administrador del establecimiento, pero a partir del cuarto mes vino la hecatombe: la penalización en un 1% por no cumplir los planes de venta y por pagos indebidos de etapas anteriores.
Entre los trabajadores de ese centro, por demás sin una cerca perimetral que defina los límites y evite el tránsito peatonal y la posibilidad de sustracciones, hay el criterio de que con ellos de las instancias superiores del sector no han discutido nada. La visita que hizo la técnica jurídica de la Unidad Básica de Productos Industriales no aportó nada al esclarecimiento que necesitaban.
La barrera de la incomunicación entre directivos y los que sudan la camisa no debe persistir. Es lo percibido en este caso y sin una explicación de las causas del por qué allí no tuvieron nada que vender. Se pasaron más de un mes sin cemento (ni en bolsa ni a granel) y el acero o cabillas brillaron por su ausencia, dos de las mercancías más demandadas por la población o por las personas acogidas a los subsidios. Hoy el panorama es distinto, sin llegar a lo óptimo es más favorable.
EN EL PUNTO DE VENTA DEL JULIO ANTONIO MELLA
Sin ceñirnos al título de la actual novela brasileña: Dos caras, el rostro de este lugar es diferente al anterior. En mayo cuando fueron a cobrar el mes de abril mostraron inconformidad y encauzaron la preocupación con el departamento económico de la empresa.
Por trabas burocráticas que trascendían su entorno y llegaban a causas generadas por Finanzas y Precios, el proceso contable se ha visto atrasado, sin embargo, el debate fructificó y los 23 trabajadores de dicha entidad respiraron profundo cuando el mes antepasado recibieron alrededor de 3 043 pesos, como promedio, de acuerdo con el salario básico y los resultados por el valor agregado.
Pendiente queda de que el pago se cumpla en las fechas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, rubricado a nivel de Unidad Básica, algo que al parecer no anda bien con los trabajadores del establecimiento del Mella ni en los otros puntos de venta.
UNA INCIDENTAL
Habla Omelio Rodríguez López, subdirector económico de la Empresa Municipal de Comercio Minorista Mixta: “Aquí todo estaba creado para pagar por la 17 a partir de enero; se depuró la contabilidad, se dieron seminarios a los trabajadores hasta que hubo alguien en el Ministerio de Finanzas y Precios que decidió cambiar el sistema de facturación de la EMPA, la Pesca y otras entidades más y acabaron con la Minorista”.
--¿Cuál era la causa?
“La refacturación. Cambiaron los recargos, los subsidios, los precios de costo, toda una serie de cosas. Entonces la EMPA (Empresa Mayorista de Productos Alimenticios) ¿qué hizo? Priorizó a los otros municipios y nos dejó a nosotros para último y aquí se operan más de 3 000 facturas al mes, que es una barbaridad”. La minorista Camagüey mueve un volumen alto de mercancías y tiene un plan de circulación mercantil para el 2015 de más de 400 millones de pesos.
Michel Amodia Ferrer asume el cargo de subdirector económico del Grupo Empresarial de Comercio Interior y a pesar de su juventud muestra rasgos distintivos de responsabilidad y de dominar al dedillo lo pertinente a su esfera. No vacilamos en abordarlo para que esclareciera varias cosas que se quedaban en el tintero y llevar este trabajo periodístico hasta el final y no quedara el menor resquicio a las dudas.
De lo explicado por Omelio él fue más al detalle. Dijo que iniciaron el 2015 con tres elementos que se empezaron a ejecutar a finales del 2014 y constituyeron transformaciones importantes, como la aplicación del impuesto sobre las ventas de productos mayoristas, la generalización del 1% de la contribución territorial y un desplazamiento del subsidio hasta los niveles minoristas.
“Eso dio al traste de que en el propio proceso de planificación y en los momentos en que estaba previsto defender el plan de todo el sistema empresarial, subordinado al Grupo, no tuviéramos con exactitud los elementos esenciales para buscar un coeficiente de gasto de salario por peso de valor agregado ideal en todas las entidades de manera más cercana a la realidad”
Subrayó que las discusiones realizadas a nivel del Ministerio de Economía y Planificación, de Finanzas y Precios, Comercio Interior y de Trabajo y Seguridad Social pretendían lograr un coeficiente de mayores posibilidades. Finalmente se ratificó que debían de continuar la desagregación de los planes con la tasa de 0.2460, aprobado por el Consejo de la Administración Provincial y no el 0.3178 que venían defendiendo.
“El hecho de ajustarse a este indicador no puede interpretarse de manera absoluta, de que se afectará el salario; simplemente se otorgará un porciento menos de centavos por cada peso de valor agregado y pensar de que lo adicional al plan se retribuirá, convertido en salario”.
Michel aclaró que dentro de los 15 000 trabajadores que tiene el sistema de comercio interior en Camagüey, los más susceptibles y con una labor más rigurosa y de esfuerzos a la hora de descargar y cargas bloques, cemento... son los de los puntos de venta de materiales de construcción, un programa priorizado por el país.
Para que los problemas de fluctuaciones salariales no se queden en el aire, a nivel de Grupo Empresarial, de conjunto con la representación del punto de venta del Mella, se adoptaron dos acuerdos: revisar nuevamente la correspondencia entre el ajuste del indicador de la dirección de la empresa y cómo impacta en esos establecimientos.
Hay claridad de que esos centros de ventas aportan mucho y tienen características especiales y sobre la necesidad de la distribución salarial no igualitaria que proteja a los que tienen mayor gasto de energía.
A pesar de que no todos los trabajadores del sector minorista están acogidos al sistema de pago por la 17, motivado por no estar actualizada la contabilidad por los razonamientos anteriores, sí se definió un registro contable especialmente para los colectivos de los puntos de venta para atenuar las afectaciones salariales.
DE NUEVO EN EL MELLA
De Rigoberto Díaz Téllez, el administrador del Julio Antonio Mella, me recordé para bien, al escuchar los debates de las comisiones de trabajo permanente de la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y que abrieron una crítica a las irregularidades en la comercialización de los materiales de construcción. Sin embargo, en este lugar, los “bizneros” no tienen cabida, según afirmó el directivo.
“Nosotros poseemos un colectivo de trabajo maravilloso, de jóvenes y menos jóvenes. Aquí se descargan materiales a cualquier hora del día o de la noche, llegue de donde llegue y con un plan de aviso”.
Los análisis se pusieron candentes en la pasada Asamblea Provincial cuando al abordarse el tema de los incumplimientos de los indicadores físicos salió a flote el mal funcionamiento de los puntos de venta de materiales de construcción, entre cuyos señalamientos sobresalen desvíos de cemento, arena y cabillas. Al mismo tiempo, fue expreso el reconocimiento favorable para el dirigido por Díaz Téllez.
No pienso que transcurra mucho más tiempo para resolver los problemas que enrarecen el ambiente por el costo social que entraña y que perjudica a las personas honestas y más necesitadas como las acogidas a los créditos bancarios o las subsidiadas por el Estado. En el Mella defienden a capa y espada estas categorías por ser muy sensibles en el pueblo, mientras amplían sus horizontes en la gestión de venta en las bases productivas para captar clientes y aumentar la circulación mercantil.
DELIMITAR EL CURSO DE LA APLICACIÓN DE LA 17
Por lo leído sobre este sistema de pago, las propias apreciaciones emitidas por Marino Murillo, ministro de Economía y Planificación, en la última sesión del Consejo de Ministros y de escuchar opiniones captadas en contactos directos con trabajadores y profesionales, todo ello me hace pensar en la necesidad de abrir un análisis a fondo de la evolución de este cuerpo legal.
No es secreto que durante los siete primeros meses de su implantación fueron identificados varios problemas, entre ellos, el indicador límite de gasto de salario por peso de valor agregado bruto y en consecuencia se pagaron 347 millones de pesos, sin respaldo productivo en 238 empresas en el país, concentradas en un 69 % en el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Azucarero y el sistema empresarial atendido por los consejos de Administración en las provincias.
Este no es el único problema. En criterio del Doctor en Ciencias Económicas Gregorio Garciandia, experto en cuestiones laborales en este territorio, “la 17 tiene contradicciones, la primera, que muchas empresas la han interpretado mal, con respecto al salario.
“Hay un problema: una unidad empresarial de base cumple y la empresa incumple y esa unidad no es estimulada. Son cosas ilógicas”; sin embargo, le dije que conocía de entidades como el Taller de Aluminio de Camagüey, con ese tipo de estructura y cuyos trabajadores reciben la remuneración salarial, aunque otras no.
“Esa es una contradicción –argumenta Garciandia-- cada cual interpreta las leyes o las resoluciones a su manera. La 17 se basa en el principio de la gran empresa y está concebida a la imagen y semejanza de la empresa nacional y no siempre toma en cuenta los intereses de los establecimientos productivos de base”.
La opinión del economista camagüeyano Néstor Miranda, no puede desestimarse de que se introduzca “un pequeño cambio conceptual. En vez de que el trabajador participe en un por ciento del valor agregado bruto, que sea el Estado quien fije la cantidad que tomará del valor agregado bruto y el resto a favor de los trabajadores, lo que les daría un mayor sentido de propiedad”.
Y esa idea la asocia con la defensa que ejercerán los trabajadores en el control de los recursos, a la vez clarificará los problemas contables al enfrentarse el personal de esa área a los colectivos e informar con transparencia acerca de cuáles son los ingresos y los gastos de operaciones, porque de allí depende el salario.
Otro contrasentido escuchamos en la Fábrica de Pastas Largas del poblado de Senado, en el municipio de Minas. Primero, según el jefe de producción, en los planes no se tiene en cuenta el criterio de la base como tampoco el nivel de obsolescencia de la tecnología.
Así andan las cosas, entre detractores, no de mala fe de la Resolución 17 y de los defensores que han sugerido que el salario mínimo no se establezca en la cifra de 225 pesos, sino que se tenga en cuenta el salario básico, menos perjudicial para el trabajador y su familia.
Concluyo que en las diferentes instancias del sistema empresarial debe ejercerse un mayor control para evitar irregularidades con el cemento, la arena y cabillas en algunos puntos y hablarse el mismo discurso para evitar que las orientaciones lleguen distorsionadas a los trabajadores, causa de incomprensiones y de pérdida de credibilidad hacia una Resolución, concebida para elevar los niveles de producción, de productividad y que en esa misma medida crezcan los ingresos salariales de los trabajadores como fuente de creación de riquezas.
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